Guardias indígenas de Colombia rechazan plan del gobierno para regularlos

En las montañas del suroeste colombiano, cientos de guardias indígenas se reunieron en Caloto, Cauca, para discutir cómo responder a una iniciativa del Ejecutivo que consideran peligrosa. Estos cuerpos de defensa ancestral, que vigilan sus territorios frente a grupos armados, sostienen que el plan, orientado a regular su funcionamiento y ponerlos bajo control estatal, los deja en una situación de riesgo.

El conflicto surge del anuncio del gobierno de Abelardo de la Espriella, de corte derechista, de crear un sistema de información con datos sobre quiénes integran la guardia y dónde operan. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) advirtió en un comunicado que esa herramienta podría transformarse en un mecanismo de vigilancia, estigmatización y judicialización, en un país que lleva más de medio siglo de conflicto armado.

La guardia trabaja sin armas de fuego en zonas con poca presencia estatal. Sus miembros rescatan secuestrados, buscan menores reclutados y protegen el bosque de la deforestación. En febrero participaron en la liberación de la líder indígena Aida Quilcué, excandidata a la vicepresidencia, que estuvo retenida algunas horas por guerrilleros en el Cauca. En 2023, además, colaboraron en el rescate de cuatro niños que pasaron 40 días perdidos en la selva amazónica tras un accidente aéreo.

Según la autoridad indígena, al menos 120 indígenas han sido asesinados por grupos ilegales en la última década. Esos grupos disputan las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en páramos, selvas y montañas, y en ese escenario la guardia se ubica en la primera línea de defensa de sus pueblos. José Joy Martenorio, coordinador político del CRIC, calificó la iniciativa como una "agresión política, sistemática, ideológica".

Las tensiones también tienen un componente económico. De la Espriella impulsa la minería y el fracking, actividades que las comunidades rechazan por su impacto ambiental. El mandatario las llamó "palos en la rueda" para el desarrollo y afirmó que su gobierno no se dejará intimidar por movilizaciones. Edwin Capaz Lectamo, también del CRIC, resumió el choque como "dos visiones opuestas de país": una centrada en el territorio y la vida, y otra que lo ve como una oportunidad de negocio.

El 14 de octubre, unos 6.000 indígenas de distintos puntos del país se sumaron a la primera marcha nacional contra el gobierno, vestidos con sus colores tradicionales. Pese a la tensión, los líderes aseguran estar abiertos al diálogo con el Ejecutivo. Según datos del CRIC publicados en 2018, en el Cauca viven unos 350.000 indígenas, en su mayoría del pueblo nasa, y los pueblos ancestrales representan más del 4% de la población colombiana.