Gremios empresariales piden frenar reformas electorales antes del segundo debate

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede) coincidieron en que las reglas del juego democrático no deben aprobarse con prisa ni con poca transparencia. Sus críticas apuntan a cambios introducidos de forma acelerada en el primer debate del Proyecto de Ley 699, que busca reformar el Código Electoral.

Los presidentes de ambos gremios, Aurelio Barría Pino por la CCIAP y Alberto López Tom por Apede, sostienen que el segundo debate es la última oportunidad para corregir el rumbo. De mantenerse lo aprobado, advierten, el país podría sufrir un retroceso institucional que afectaría la confianza económica, la inversión y la competitividad.

En materia de financiamiento, Apede calificó de "dirección equivocada" el aumento de los topes de financiamiento privado hasta $500,000 para diputados y alcaldes. Según el gremio, esto genera una ventaja desleal para quienes ya tienen recursos y aumenta el riesgo de que intereses vinculados al crimen organizado influyan en la oferta electoral.

Otro punto cuestionado es la posibilidad de que un candidato se postule a dos cargos y, si gana ambos, conserve las dos titularidades. Las organizaciones consideran inadmisible esta opción, pues según ellas traslada funciones a suplentes que no recibieron el respaldo directo de los votantes.

Los empresarios también exigen eliminar por completo el fuero penal electoral, al considerar que participar en una contienda no debe servir de escudo ni de obstáculo para investigar posibles delitos económicos o electorales. Además, denunciaron el aumento de firmas exigidas y la reducción de plazos para candidatos independientes, así como la imposición de nóminas cerradas y bloqueadas dentro de los partidos, lo que, según dicen, limita la representación de las minorías.

La preocupación de Apede se centra también en la intención de impedir que el Tribunal Electoral apruebe o modifique disposiciones reglamentarias una vez abierto el proceso electoral. López Tom recordó que el artículo 143 de la Constitución otorga al Tribunal la facultad privativa de reglamentar e interpretar la ley electoral, por lo que una norma ordinaria no puede estar por encima de la Carta Magna.

Para respaldar su postura, el gremio citó el índice The Global State of Democracy 2026 de IDEA Internacional, donde Panamá bajó del puesto 71 al 79 en Estado de derecho, y del 62 al 68 en Participación ciudadana. "Generar incertidumbre sobre las competencias de las instituciones es avanzar en la dirección equivocada", señaló Apede.

Ambos gremios llamaron a la sociedad civil a mantenerse vigilante ante lo que consideran un intento de diseñar un sistema electoral que sirva a intereses particulares de unos pocos políticos y no a los ciudadanos.