Proponen liberar fondos municipales de inmuebles para atender daños del terremoto
Un anteproyecto presentado ante la Asamblea Nacional permitiría a los municipios afectados usar hasta el 100% de estos recursos durante la emergencia.
Los municipios afectados por el estado de emergencia nacional, declarado tras el terremoto del pasado 9 de octubre, podrían utilizar hasta la totalidad de los fondos que reciben por el impuesto de inmuebles para responder a los efectos del sismo. La medida forma parte de un anteproyecto de ley presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional, que todavía debe surtir el trámite legislativo correspondiente.
La iniciativa, impulsada por el diputado Javier Sucre, propone modificar varias disposiciones de la Ley 37 de 2009, norma que regula la descentralización de la administración pública. El objetivo es facilitar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas golpeadas por el movimiento telúrico, así como dar a las autoridades locales mayor margen de maniobra en los primeros momentos de la crisis.
El texto también plantea que los municipios puedan emplear saldos no comprometidos de vigencias fiscales anteriores para cubrir gastos operativos ligados a la asistencia humanitaria integral. Además, las alcaldías podrían contratar personal para ejecutar labores específicas orientadas a mitigar los problemas que dejó el desastre.
A partir de 2028, según el anteproyecto, los municipios podrían destinar hasta el 40% de los recursos del impuesto de inmuebles a gastos de funcionamiento. El resto, es decir el excedente, tendría que invertirse de manera exclusiva en proyectos e inversiones de desarrollo local. Las obras financiadas con estos fondos deberían incorporarse al Plan Anual de Obras e Inversiones y recibir la aprobación del Consejo Municipal, con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus miembros.
La propuesta nace después de que el Órgano Ejecutivo aprobara el estado de emergencia nacional mediante la Resolución de Gabinete del 10 de octubre de 2026. Con esta declaratoria se busca agilizar la respuesta de los gobiernos locales ante los daños provocados por el terremoto. La fuente indica que la norma entraría en vigencia en el período fiscal 2027 y que el Órgano Ejecutivo tendría 90 días para reglamentarla.
Por ahora, la propuesta es un anteproyecto y no una ley vigente. Su eventual aprobación dependerá del debate en el pleno y de los ajustes que se le introduzcan antes de ser sancionada.
