Gabinete aprueba ajustes al presupuesto 2027 por $186.8 millones

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 20 de octubre una modificación al presupuesto general del Estado para 2027. La decisión acoge recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y aumenta las asignaciones de varias instituciones en $186.8 millones. De acuerdo con la Presidencia de la República, el monto global del proyecto se mantiene en $35,111 millones.

Los ajustes buscan fortalecer sectores considerados prioritarios, entre ellos salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y atención de necesidades sociales. Las recomendaciones incluyen incrementos para algunas instituciones y movimientos internos de recursos orientados a mejorar su capacidad operativa, cumplir compromisos institucionales y respaldar programas y proyectos dirigidos a la población.

La semana pasada, la Comisión de Presupuesto aprobó una resolución que pide al Ministerio de Economía y Finanzas reformular el proyecto e incorporar $199.1 millones. De esa cifra, $23 millones serían para la propia Asamblea Nacional, equivalente al 11.6 % del total. El comunicado oficial no explica la diferencia entre ese monto y los $186.8 millones aprobados por el Gabinete.

Antes de la decisión, el MEF hizo una evaluación técnica, presupuestaria y fiscal. Para ello consideró la disponibilidad de recursos, la naturaleza y prioridad de los gastos solicitados, su viabilidad de ejecución y la necesidad de preservar el equilibrio de las finanzas públicas. La Presidencia añadió que el proyecto contempla un déficit fiscal acorde con los objetivos de consolidación fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública y los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

La resolución también indica que algunas solicitudes relacionadas con infraestructuras hospitalarias afectadas por el terremoto se atenderán mediante los mecanismos extraordinarios creados para esa emergencia, con el fin de evitar duplicidades. Además, el presupuesto contempla necesidades ordinarias de funcionamiento e inversión pública, así como riesgos por fenómenos naturales y climáticos que puedan afectar a la población, la infraestructura, la producción y los servicios públicos esenciales.