Fiscalía archiva denuncia penal contra el CIAM por caso Puerto Barú

El Ministerio Público ordenó archivar la denuncia penal presentada contra el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) por Ocean Pacific Financial Services Corp., la empresa promotora del proyecto Puerto Barú, en David, Chiriquí. El fiscal consideró que lo denunciado no configuraba un delito.

La denuncia se enmarca en un enfrentamiento más amplio entre la empresa y varias organizaciones ambientalistas que cuestionan el proyecto portuario. El conflicto escaló cuando el CIAM presentó un amparo de garantías constitucionales contra la resolución del Ministerio de Ambiente (Miambiente) que aprobó el estudio de impacto ambiental de Puerto Barú. La organización advirtió que el proyecto podría dañar los manglares de la zona. Poco después, la promotora acudió a la vía penal contra el CIAM.

En su resolución, firmada el 23 de octubre de 2026, el fiscal de la Sección de Delitos contra el Orden Económico del área metropolitana reconoce que las organizaciones pueden denunciar, con libertad, cualquier presunta afectación a los recursos naturales y al ambiente. Para sustentarlo, citó el artículo 101 de la Ley 41 de 1998, Ley General del Ambiente, que obliga a todas las personas a prevenir los daños ambientales.

El funcionario sostuvo que no había elementos para afirmar que la demanda de las organizaciones se hubiera presentado con dolo o con fines especulativos. Tampoco halló que sus publicaciones en redes sociales encajaran en los delitos contra la seguridad económica. Por esa razón descartó también los delitos de calumnia e injuria.

Tras conocerse el archivo, el CIAM publicó en sus redes sociales que la decisión reconoce su derecho a acudir a la justicia para denunciar posibles daños ambientales y defender los recursos naturales. La organización ha defendido sus actuaciones como parte del ejercicio de sus derechos y de su labor de fiscalización ambiental.

El proceso penal no es el único frente. La promotora también demandó civilmente al CIAM y a Adopta Bosque, y como medida cautelar logró el secuestro preventivo de cuentas bancarias y activos de ambas organizaciones. Por otro lado, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia concluyó que las organizaciones que demandaron la nulidad del estudio de impacto ambiental categoría III no lograron demostrar su ilegalidad ni que el proyecto se traslape con los manglares de David. Entre las demandantes figuran el CIAM, Adopta Bosque y otras fundaciones. La Corte aún no se ha pronunciado sobre otra demanda contra el mismo estudio, presentada por la firma Cornejo y Robles.

Puerto Barú, impulsado por Ocean Pacific Investments, requiere una inversión de $260 millones.