Fiscalía advierte hasta 15 años de cárcel para Santiago Peña por caso Ueno
El expresidente quedó bajo prisión preventiva tras su destitución por el Senado, mientras otras 27 personas también son investigadas por el caso del banco intervenido.
Los fiscales paraguayos señalan que el expresidente Santiago Peña podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión dentro de la investigación por el caso de Ueno Bank, la entidad financiera intervenida con la que su nombre aparece vinculado. Según explicó la fiscal Verónica Valdez en una conferencia de prensa, esa cifra responde a las calificaciones jurídicas que hoy se manejan, que suman varios hechos punibles en un mismo proceso.
Peña, de 47 años, llegó al poder en 2023. El Senado lo destituyó el pasado viernes tras declararlo culpable de mal desempeño de funciones, en un juicio político relacionado con el escándalo del banco. En ese caso también están siendo investigadas otras 27 personas vinculadas a Ueno y a sus empresas relacionadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad. Para ellos, el fiscal Francisco Cabrera habló de una expectativa de pena de hasta 12 años.
El Ministerio Público imputó a Peña el sábado por lesión de confianza, en calidad de instigador, y por administración en provecho propio, como autor. La imputación llegó horas después de su detención, que se produjo al concluir el juicio político, y luego de que compareciera a declarar. Según la acusación fiscal, el expresidente habría intervenido en la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero de entidades públicas y previsionales depositadas en ese banco.
La fiscalía también sostiene que Peña mantuvo una relación económica y corporativa previa con Ueno Holding, grupo empresarial que incluye a la entidad financiera. De acuerdo con la acusación, él poseía el 1.58 % del capital de esa compañía, además de un certificado de depósito de ahorro en Ueno y un bono en la firma Itti, empresas del Grupo Vázquez. Los diputados que impulsaron el juicio político afirmaron que, en marzo de 2025, ya en funciones, vendió esa participación.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú consideró, tras una audiencia de medidas, que Peña debe permanecer bajo prisión preventiva para asegurar que se someta al procedimiento. Por esa decisión, el expresidente quedará recluido en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar de Asunción.
El caso avanza con un eje claro: determinar si los fondos públicos y previsionales colocados en el banco fueron manejados de forma irregular y si existieron beneficios personales vinculados a esas decisiones. Las calificaciones podrían cambiar durante la investigación, lo que modificaría el marco penal aplicable tanto para el expresidente como para los exdirectivos.
