Procurador advierte que proyecto en la Asamblea pone en riesgo investigaciones penales

El procurador de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, alertó que la Asamblea Nacional se prepara para discutir un proyecto de ley que, según su criterio, crea condiciones que favorecen la impunidad y perjudican a las víctimas de delitos.

La iniciativa, identificada como proyecto 741, fue presentada por el diputado Jamis Acosta, de Realizando Metas, quien además es abogado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. El texto propone cambios a tres artículos del Código Procesal Penal: el 271, el 280 y el 349.

Gómez expuso sus objeciones en una nota dirigida al diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Según el procurador, los cambios podrían impedir que casos con fundamento investigativo lleguen a juicio, lo que para una víctima significaría que su denuncia quede sin una respuesta efectiva. La nota fue enviada el 7 de octubre, y ese mismo día la comisión prohijó el anteproyecto de Robinson, que es el actual proyecto 741.

Sobre el artículo 271, que regula las formas de iniciar la investigación preliminar, el proyecto fija un plazo de 18 meses y una sola prórroga de hasta seis meses cuando la investigación comienza por denuncia o querella. Si es de oficio, en cambio, admite prórrogas sucesivas. Gómez afirmó que no ve una justificación suficiente para que la denuncia de una víctima determine un régimen más restrictivo. También advirtió que las prórrogas sucesivas añadirían carga a fiscales y despachos judiciales, con múltiples audiencias ante los jueces de garantías sin una necesidad real.

En cuanto al artículo 280, referido a la formulación de la imputación, la propuesta permitiría rechazarla tras una valoración de la vinculación del investigado con los delitos atribuidos. El procurador sostiene que eso convertiría la audiencia en un debate probatorio anticipado y obstaculizaría una investigación que aún no se ha completado. Añadió que el proyecto también introduce un sobreseimiento provisional por deficiencias de la acusación, sin definir sus condiciones de reapertura ni cómo se armoniza con el régimen vigente.

Pese a esas objeciones, el procurador pidió que la propuesta no fuera aprobada. Sin embargo, los diputados de la Comisión de Gobierno la respaldaron y votaron para que sea discutida en primer debate.