Dos exiliados denuncian que el régimen de Nicaragua controla la práctica religiosa

Un fraile dominico y un maestro, ambos exiliados en Costa Rica, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo controla la fe en Nicaragua, desde las homilías hasta las procesiones. La denuncia se presentó durante la semana en que la CIDH sesionó en Panamá, junto con el colectivo Nicaragua Nunca Más.

Gabriel Putoy, maestro de matemáticas nacido en Monimbó, Masaya, y dirigente de los educadores, fue encarcelado en 2018 durante las protestas. Según su relato, los interrogadores no le preguntaban por sus propios actos, sino por lo que sabía de los sacerdotes. Pasó más de un año preso tras negarse a grabar un video contra ellos. Al salir, la policía vigilaba su casa y un agente lo amenazó con sembrarle droga para encarcelarlo otra vez, por lo que decidió irse. En 2023 el régimen le quitó la ciudadanía, la vivienda y la inscripción en el registro civil, y anuló sus diplomas de docente. Hoy vive refugiado en Costa Rica.

Fray Rafael Aragón, dominico de origen español con casi 50 años de trabajo pastoral en Nicaragua, tenía la emisora Radio Veritas en Chinandega. En 2018 la radio respaldó a los manifestantes y denunció siete muertos en la zona. Después, Aragón entregó la emisora y viajó a España por salud. Cuando intentó regresar, el 29 de noviembre de 2022, las autoridades le negaron la entrada. También perdió la misa dominical que transmitía desde hacía 44 años, con la condición de ajustarse al pensamiento de la copresidenta o salir del aire.

Según los dos exiliados, el control llega a detalles mínimos. El régimen fija cuánto debe durar una homilía y qué debe decir. Cada lunes, enviados del partido piden cuentas de la colecta del domingo, y los sacerdotes deben informar adónde van al salir de la iglesia. Un retiro exige reportar tema, lugar y lista de asistentes. Durante años se prohibieron las procesiones. La de San Jerónimo, en Masaya, reúne unos 20,000 peregrinos, y la de Santo Domingo, en Managua, hasta 30,000. Recientemente se autorizaron cuatro, pero con permisos de las autoridades, del secretario departamental del partido y de la parroquia, y el cura responde por todo lo que ocurra en el recorrido.

Los templos siguen abiertos y las parroquias tienen sacerdotes, pero el centro de derechos humanos que dirige Aragón contabiliza 394 religiosos desterrados, entre ellos cuatro obispos. Uno es monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, expulsado en 2024. Otro es Rolando Álvarez, quien recuperó la libertad en enero de 2024 tras una negociación con el Vaticano y hoy vive en Roma. Putoy también denunció que 36 mujeres presas políticas permanecen desaparecidas, dos de ellas menores de edad. Además, mencionó el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam en San José, Costa Rica, en junio de 2025, y sostiene que suman 11 opositores nicaragüenses asesinados en ese país. Por eso pidieron a la CIDH medidas cautelares y que los países de acogida frenen las extradiciones solicitadas a través de Interpol.