Diputado vincula terremoto y pandemia con la debilidad institucional del Estado
El legislador de Vamos sostiene que el sismo del 9 de octubre expuso fallas de fondo que existían desde antes, como los nombramientos políticos en cargos técnicos.
El diputado de la coalición Vamos por el circuito 8-4, en el período 2024-2029, escribió una columna de opinión en la que compara el terremoto del 9 de octubre con la pandemia de covid-19. Según su análisis, en ambos casos la emergencia dejó al descubierto la fragilidad de las instituciones públicas panameñas.
El legislador enumera los problemas que, a su juicio, se repitieron durante la crisis sanitaria: hospitales con poca capacidad de respuesta, compras improvisadas, cifras que no coincidían, personal médico agotado y sin pagos a tiempo, y decisiones guiadas más por la coyuntura política que por la evidencia. Hoy, asegura, las comunidades afectadas por el sismo esperan ayuda, hay edificaciones dañadas y las inspecciones de infraestructura tardan en llegar.
Para el autor, estas situaciones no son hechos aislados ni nacieron con el terremoto. Como ejemplo de un problema anterior, cita una encuesta de Gallup Panamá, según la cual el 47% de los hogares panameños no puede comer tres veces al día por falta de dinero. El diputado sostiene que ese dato refleja años de falta de respuestas del Estado a la población.
El núcleo de su crítica está en la forma en que se ocupan los cargos públicos. Según el texto, plazas que requieren conocimientos técnicos, como las de ingenieros que revisan planos, especialistas en gestión de riesgos, epidemiólogos o planificadores, se asignan con frecuencia por lealtad política. Esto, a su criterio, deja al Estado sin el personal adecuado cuando llega una emergencia.
El diputado también señala que cada cambio de gobierno, cada cinco años, suele traer nuevos equipos que desmontan lo hecho por la administración anterior, y que los planes de Estado rara vez se cumplen. Propone, como alternativa, que los partidos acuerden políticas de largo plazo, como una reforma educativa o un sistema nacional de gestión de riesgos, que solo puedan modificarse tras una evaluación seria.
Para lograr ese cambio, la columna plantea tres compromisos: una carrera administrativa basada en el mérito, presupuestos ligados a resultados medibles y planes de Estado protegidos por ley con evaluaciones independientes. El autor advierte que la reconstrucción que comienza será una primera prueba de si el país aprende de sus crisis, y cierra indicando que seguirá fiscalizando desde la Asamblea Nacional para exigir estos cambios.
