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POLÍTICA

Cuestionan la planilla de más de 8,000 funcionarios en la Asamblea Nacional

Un análisis sostiene que el tamaño de la estructura administrativa no se refleja en mejores leyes ni en más confianza ciudadana.

Opinión BULLA, 10:00 p.m. · 2 min de lectura
Cuestionan la planilla de más de 8,000 funcionarios en la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional de Panamá cuenta con más de 8,000 funcionarios, una cifra que hoy está en el centro del debate público. Según el análisis, una parte importante de esos nombramientos no responde a concursos públicos ni a procesos transparentes de selección, lo que alimenta las críticas sobre el uso discrecional de los cargos.

El texto plantea que una planilla de ese tamaño debería traducirse en una institución eficiente y con buena producción legislativa. Sin embargo, sostiene que la percepción ciudadana va en sentido contrario y que la confianza en el órgano legislativo sigue siendo baja, con cuestionamientos por clientelismo, nombramientos discrecionales y falta de resultados visibles.

El análisis también cuestiona la permanencia prolongada de algunos diputados en sus cargos. Recuerda que todos los legisladores tienen las mismas atribuciones constitucionales, por lo que, a su juicio, la antigüedad no debería justificar mayores cuotas de poder ni más nombramientos.

La crítica se enmarca en la situación fiscal del país, con desafíos en la sostenibilidad de la deuda pública y demandas sociales en salud, educación, agua potable, seguridad y empleo. En ese contexto, el texto pregunta si los recursos destinados a la burocracia legislativa están generando un retorno proporcional en productividad y control político.

Para sustentar su postura, el análisis compara el caso panameño con parlamentos de Uruguay, Costa Rica, Chile, Alemania, España, Dinamarca y Países Bajos, donde la fortaleza institucional se asocia al mérito, la profesionalización y la rendición de cuentas. También recurre a la obra de Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia? (1993), para afirmar que la legitimidad de una institución depende de su capacidad de representar y fiscalizar, no de su tamaño.

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