Congreso español aprueba decreto para proteger el derecho a la vivienda tras huelga general
La Diputación Permanente votó 35 a 34 a favor de suspender desalojos hasta 2030, mientras un segundo texto fue rechazado por el mismo margen.
La Diputación Permanente del Congreso de España, que asume las funciones del Parlamento tras su disolución antes de las elecciones del 29 de noviembre, aprobó este jueves un decreto para proteger el derecho a la vivienda. La votación se realizó un día después de una huelga general con manifestaciones multitudinarias en todo el país.
El texto aprobado suspende hasta 2030 los desalojos de personas vulnerables y establece medidas contra los llamados fondos «buitre». En el órgano, compuesto por 69 miembros, el decreto salió adelante con 35 votos a favor y 34 en contra. El Partido Popular, de derecha, es considerado favorito en las encuestas para ganar los comicios y se comprometió a derogar estas medidas si regresa al poder tras ocho años de gobierno de izquierdas.
El contexto político viene de principios de octubre, cuando los diputados rechazaron un primer decreto de vivienda. Ese revés precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un segundo decreto, que incluía la renovación automática de los contratos de alquiler y fue muy criticado por los propietarios, no logró avanzar: también fue rechazado, por 35 votos frente a 34.
La jornada de protesta fue la primera huelga general en España desde 2012. Los sindicatos la convocaron para defender el acceso a la vivienda y el poder adquisitivo. Según la fuente, en Madrid se reunieron 120.000 manifestantes y en Barcelona 55.000. Las marchas fueron mayormente pacíficas, aunque hubo algunos incidentes en la parte final de la jornada en ambas ciudades.
El acceso a la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles, que con frecuencia ven cómo la mayor parte de sus ingresos se va en el alquiler o en el pago de una compra. A esto se suma una inflación que alcanzó el 4,9% en octubre, según cifras oficiales. El movimiento de protesta se encendió a finales de septiembre, tras el desalojo de un apartamento donde vivió durante siete décadas Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que falleció pocos días después.