El ELN libera a dos agentes de la Fiscalía tras 18 meses de secuestro

Dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia recuperaron su libertad después de más de 18 meses en poder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca, en el noreste del país. La Defensoría del Pueblo confirmó la noticia este jueves. Los agentes son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

Ambos fueron recibidos por una comisión humanitaria encabezada por la Defensoría, junto con Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En un video difundido en redes sociales por medios colombianos se ve el momento de la entrega, y uno de los agentes se abraza con un integrante del grupo que los recibió.

De acuerdo con la información disponible, los dos fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en una zona rural de Arauca, mientras realizaban labores judiciales y de protección. Permanecieron bajo control del Frente de Guerra Oriental del ELN hasta su liberación.

El 5 de mayo pasado, esa estructura anunció que había sometido a los agentes a un "juicio revolucionario" y les impuso 60 y 55 meses de "prisión revolucionaria", respectivamente, por pertenecer a una institución del Estado colombiano. La Defensoría rechazó ese procedimiento, al considerar que carece de validez y legitimidad. Recordó que ningún grupo armado puede atribuirse funciones judiciales, imponer condenas ni usar el secuestro como presión, castigo o negociación.

La entidad afirmó que la liberación no es una concesión del grupo armado, sino el cumplimiento de una obligación que nunca debió desconocerse. Insistió en que los funcionarios no cumplían una pena legítima, sino que permanecían secuestrados. Also reiteró su exigencia de liberar a todas las personas retenidas por el ELN y por otros grupos armados que operan en el país. "Esto no debería ocurrir", expresó.

En julio pasado, el ELN difundió un video con pruebas de supervivencia en el que ambos pidieron al entonces presidente Gustavo Petro y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, gestionar un acuerdo humanitario para recuperar su libertad. Después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los funcionarios, al considerar que su situación era grave y urgente, con riesgo de daños irreparables en su vida e integridad personal.