Comisión de Gobierno reactiva reforma al reglamento de la Asamblea vetada por Mulino
El informe recomienda acoger la objeción de cuatro artículos por inconstitucionales, pero mantiene el papel de los diputados en la gestión de obras.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional retomó la iniciativa que modifica el Reglamento Interno del Legislativo, un proyecto que el presidente José Raúl Mulino vetó en septiembre pasado.
Con cinco votos a favor, la comisión que preside el diputado Benicio Robinson aprobó un informe que recomienda al pleno aceptar la objeción por inexequibilidad, es decir, por considerar que son contrarios a la Constitución, de los artículos 3, 4, 5 y 21 del proyecto de ley 594. Como consecuencia, la iniciativa volverá a segundo y tercer debate con algunos cambios y supresiones.
El documento fue elaborado por un equipo técnico de la comisión y lo leyó el diputado Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Según la información disponible, el informe responde solo a una parte del veto.
Mulino objetó nueve artículos. Cuatro los consideró inexequibles y cinco los calificó de inconvenientes. Entre estos últimos están los artículos 9, 11, 12 y 27, además del que fija la entrada en vigor de la ley para el 2 de enero de 2027.
El artículo 4 fue el punto central del veto. El texto aprobado por la Asamblea permitía a los diputados gestionar obras en sus circuitos y les garantizaba una inversión mínima dentro del presupuesto del Estado. El mandatario sostuvo que la Constitución, en su artículo 159, no otorga al Legislativo la función de gestionar obras. Añadió que fijar la inversión corresponde al Ejecutivo, según el artículo 267, y que el artículo 163 impide a la Asamblea intervenir en el Presupuesto General del Estado.
La comisión, sin embargo, no eliminó el artículo sino que lo modificó. Se retira la inversión mínima garantizada, pero se mantiene que los diputados puedan canalizar ante las autoridades competentes las peticiones de sus comunidades. Los funcionarios de sus despachos seguirían recibiendo y tramitando esas solicitudes, aunque sin ejercer funciones de gestión, ejecución o fiscalización de obras.
En la práctica, la Asamblea conservaría un rol de intermediación en obras que, de acuerdo con el Ejecutivo, la Constitución no le asigna. El informe también mantiene la protección laboral de los suplentes, un punto que tendrá que pasar por los debates que siguen en el pleno.
