Benicio Robinson propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos

Benicio Robinson, presidente del PRD y diputado por Bocas del Toro, anunció el martes 20 de octubre en el pleno de la Asamblea Nacional que ya tiene redactado un artículo para acabar con el subsidio electoral. Según explicó, la mayoría de su bancada respaldó con su firma la iniciativa, que derogaría los artículos 203 al 230 del Código Electoral, es decir, toda la sección dedicada al financiamiento público. "Ya se acabó esto", dijo, e invitó a partidos e independientes a buscar recursos entre ciudadanos y empresarios.

Robinson también pidió a la Contraloría auditar los fondos recibidos por todos los partidos durante los últimos 15 años, incluido el PRD, periodo que coincide con el tiempo que lleva al frente del colectivo. El anuncio llama la atención porque, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el PRD se opuso a las propuestas que buscaban reducir ese subsidio.

El diputado aseguró que presentará el cambio cuando se discuta el proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral. Sin embargo, esa discusión está detenida. El proyecto debía empezar su segundo debate el lunes 19 de octubre, pero sigue en la posición 174 de la agenda sin que el pleno entrara a analizarlo. A la Asamblea le quedan seis sesiones antes de cerrar el periodo ordinario el 30 de octubre, y si no se retoma, el debate pasaría a enero de 2027. Robinson y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, piden arrancar ya, mientras otras bancadas sostienen que no es el momento por la crisis que dejó el terremoto del 9 de octubre, con miles de damnificados en cuatro provincias.

El financiamiento público nació con la Ley 22 de 1997 y se aplicó por primera vez en 1999, cuando se repartieron $15.3 millones entre 12 partidos. Como está atado al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central, ha crecido en cada elección. Datos de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana indican que entre 1999 y 2024 aumentó 626%, frente a un alza de 33% en el padrón, mientras la cantidad de partidos bajó a la mitad. Hoy cada elector inscrito le cuesta al Estado $36.29, cuando en 1999 eran $6.64.

Esa organización propone reducir el financiamiento a la mitad, pero no eliminarlo. Su directora ejecutiva, Olga de Obaldía, advirtió que depender únicamente de fondos privados "subasta el Estado al mejor postor" y defendió un modelo mixto, con topes de gasto estrictos y total transparencia sobre el origen del dinero.

El PRD ha sido uno de los mayores beneficiarios del sistema. Según registros del Tribunal Electoral, ha recibido al menos $78.1 millones, cerca del 23% de todo lo repartido desde 1999, y la cifra no incluye el poselectoral del periodo entre 2009 y 2014 porque esos datos no están disponibles. Para los comicios de 2024 obtuvo el preelectoral más alto, $15.96 millones, aunque su resultado en mayo de ese año redujo su poselectoral para el quinquenio actual a $6.48 millones, menos de la mitad de los $14.6 millones del periodo anterior.

Dentro del partido, esos fondos los administra la secretaría general junto con la de finanzas. La secretaria general y representante legal es Balbina Herrera, elegida en noviembre de 2025. La Comisión de Gobierno, que preside Robinson, incluyó en el proyecto 699 un cambio para trasladar la representación legal de los partidos a sus presidentes. Herrera recordó que Robinson ya intentó esa modificación en 2015 mediante una reforma a los estatutos, que el directorio y el congreso del PRD rechazaron.