Columna advierte que la unificación de salud podría cargar costos sobre cotizantes formales

Una columna de opinión publicada en Panamá cuestiona la política social que, según su autor, impulsa el Gobierno del "paso firme". El texto sostiene que se invoca la solidaridad para reorganizar las obligaciones de los ciudadanos sin explicar con claridad quién asumirá los costos y quién recibirá los beneficios.

El punto central gira en torno a la propuesta de unificar los servicios de salud. El autor recuerda que quienes trabajan en el sector formal aportan a la Caja de Seguro Social mediante cuotas obligatorias compartidas entre empleador y empleado. Según la columna, una integración que reduzca las ventajas propias de los asegurados, sin mecanismos equitativos de financiamiento, trasladaría esos aportes a una población más amplia sin definir quién sostendrá el sistema.

Para el columnista, los incentivos son determinantes. Si cotizar no ofrece ventajas adicionales, crece el atractivo de evadir las cuotas o de recurrir a contratos de prestación de servicios. El texto describe este fenómeno como el del gorrero, es decir, quien se beneficia de un bien colectivo sin contribuir en proporción. Añade que la salud es un bien meritorio cuyo acceso no debería depender solo del ingreso, pero que tampoco puede sostenerse indefinidamente sobre los descuentos quincenales de una minoría formal.

Sobre la asociación público-privada anunciada en el programa de Enfermedad y Maternidad, la columna considera que no resolvería el desequilibrio si unos pocos siguen pagando por todos. También advierte que debilitar la formalización laboral podría afectar indirectamente los ingresos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Según el autor, el problema va más allá de la salud.

El artículo critica además el patrón de respuesta del Gobierno: diseñar instituciones con fallas, anunciar reformas para corregirlas y presentar la corrección como muestra de capacidad. Frente a ello, plantea que los mercados dependen de reglas e instituciones, por lo que los fracasos deberían atenderse desde su origen y no con parches. Como ejemplo hipotético, menciona una contratación directa con sobrecostos que se presente como eficiencia administrativa mientras el contribuyente financia el gasto.

La columna cierra afirmando que una verdadera reforma exige instituciones que generen valor público, distribuyan responsabilidades de forma justa y exijan resultados verificables. El texto no incluye cifras oficiales adicionales ni una respuesta del Gobierno a estas críticas.