Advierten que la emergencia tras el terremoto podría profundizar la pobreza en Panamá

El terremoto del 9 de octubre dejó daños en varias provincias y puso en evidencia una pobreza que ya existía en zonas apartadas del país. Mientras la imagen de rascacielos, metro y Canal domina la percepción de muchos, familias han quedado sin vivienda, durmiendo a la intemperie, en carpas o sobre el lodo.

Según la información presentada, esas carencias eran previas al sismo. Se citan índices de pobreza multidimensional de 19,6 % en Macaracas, 16,5 % en Tonosí y 27,9 % en Los Pozos, relacionados con vivienda, educación, trabajo, salud y medio ambiente. Estas cifras no equivalen necesariamente a pobreza extrema por ingresos, pero reflejan la vulnerabilidad de muchos hogares.

De acuerdo con el Sinaproc, la emergencia afectó también a Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, con daños en viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias y sistemas de agua. El aislamiento de comunidades rurales e indígenas puede dificultar tanto la evaluación de los daños como la llegada de asistencia.

El texto sostiene que la coordinación es clave. Recuerda que el Centro de Operaciones de Emergencias, adscrito al Sinaproc, tiene asignada la articulación de las entidades que responden, y que ministerios, la Secretaría de Metas y el Despacho de la Primera Dama pueden aportar recursos. Según el planteamiento, hace falta un mando único con responsabilidades claras para evitar duplicidades y comunidades desatendidas. También advierte que la competencia política, en especial por aspiraciones rumbo a las elecciones de 2029, podría distorsionar la distribución de la ayuda, que debería responder al daño y a la vulnerabilidad de cada zona.

Si no se atienden las urgencias, las familias podrían perder vivienda, cosechas e ingresos al mismo tiempo, endeudarse con compras fiadas y vender herramientas o animales para sobrevivir. En lo sanitario, la falta de agua potable, la alimentación insuficiente y las condiciones ambientales precarias podrían favorecer brotes infecciosos.

La fuente propone un registro público de necesidades, ayuda recibida y tareas pendientes, con protección de la privacidad de las familias. También plantea medir resultados concretos, como viviendas habitables, servicios restablecidos, niños de vuelta a clase e ingresos recuperados. La entrega de ayuda no alcanza si los hogares no logran volver a sostenerse por sí mismos.