CIDH cierra en Panamá con denuncias de la sociedad civil sobre justicia y derechos

El viernes 30 de octubre, último día del período 197 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil presentaron denuncias sobre el acceso a la justicia, la discriminación, los derechos laborales y la protección de quienes defienden el ambiente. La reunión se realizó en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), en la ciudad de Panamá.

Durante la semana, el organismo celebró 29 audiencias, entre el 26 y el 30 de octubre, sobre los principales desafíos de la región en materia de derechos humanos. Activistas, familiares de víctimas y representantes de organizaciones sociales relataron situaciones que consideran violaciones a sus derechos y pidieron a la Comisión dar seguimiento a sus casos.

Una de las primeras intervenciones abordó la situación de las personas privadas de libertad en la isla de Coiba. Una representante de los reclusos advirtió sobre las dificultades para recibir atención médica especializada, alimentación adecuada, agua potable y visitas presenciales de familiares y abogados. También expresó preocupación por la seguridad de los internos durante el terremoto del 9 de octubre, porque las instalaciones están cerca del mar. Según la denuncia, los detenidos permanecieron en sus celdas durante el sismo y no se hizo una evacuación preventiva.

Familiares de personas asesinadas y desaparecidas durante la dictadura militar denunciaron que han pasado siete años desde el acuerdo alcanzado con el Estado panameño en junio de 2019. Según indicaron, los compromisos sobre memoria histórica y reparaciones morales y económicas no se han cumplido en su totalidad. También participaron representantes de víctimas de la invasión estadounidense de 1989, quienes pidieron avances en los mecanismos de reparación y el cumplimiento de las recomendaciones del sistema interamericano.

Organizaciones ambientales señalaron obstáculos para realizar su trabajo, entre ellos los procesos judiciales que enfrentan el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque, que, según dijeron, han afectado sus recursos económicos. Otros temas planteados fueron la discriminación racial en centros educativos, las restricciones a la libertad sindical, la violencia contra las mujeres y las dificultades de las comunidades indígenas para participar en proyectos de desarrollo.

Entre los casos regionales estuvieron las condiciones de las personas privadas de libertad en El Salvador bajo el estado de excepción, las restricciones a la libertad de expresión en Estados Unidos, los discursos de odio contra la población LGBTIQ+ y el acceso a anticonceptivos de emergencia en Honduras. Líderes indígenas también advirtieron sobre riesgos por la explotación de minerales críticos en América Latina y cuestionaron que los acuerdos se adopten sin transparencia.

Las sesiones cerraron con el análisis de casos de Colombia y Paraguay. El primero corresponde al asesinato del alcalde Eudaldo León Díaz Salgado, ocurrido en 2003. El segundo, a la destitución del expresidente Fernando Lugo mediante juicio político en 2012. Las preocupaciones planteadas por la sociedad civil quedaron registradas ante el organismo para su consideración.