Casi $1 millón del Metro para Arraiján sin explicación clara sobre su destino

Casi un millón de dólares que el Metro de Panamá entregó al Municipio de Arraiján sigue sin una explicación clara sobre su destino. Los recursos estaban vinculados a obras de la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena, y hasta ahora no se sabe con certeza cómo se utilizaron.

La presidenta del Consejo Municipal, Yohana Saldaña, indicó que la alcaldesa Stefany Peñalba no ha explicado qué ocurrió con el dinero. Por esa razón, el gobierno local pidió al contralor Anel Flores una auditoría que determine si los fondos se usaron para los fines previstos.

Del total, de poco más de 900 mil dólares, unos 211 mil estaban destinados a la compra de un terreno y a la construcción de la sede de la junta comunal. También se contemplaban fondos para un anfiteatro, un gazebo y una infoplaza.

Según Saldaña, el Municipio recibió el dinero hace más de un año, pero la representante del corregimiento, Raquel Murillo, no ha recibido los recursos para ejecutar las obras. La funcionaria sostiene que la administración municipal no ha aclarado el destino de esos fondos, y cuestionó que el terreno y la construcción no se hayan concretado en ese plazo.

El caso se suma a otros 585 mil dólares que, de acuerdo con la misma fuente, Más Móvil depositó para financiar cámaras de videovigilancia en distintos puntos de Arraiján. Saldaña afirmó que la administración de Peñalba tampoco ha rendido cuentas sobre ese monto.

Ambos montos corresponden a la administración anterior, pero según Saldaña los compromisos quedaron bajo la responsabilidad de la gestión actual. El Consejo espera que la auditoría permita esclarecer el manejo de ambos montos.

Por otro lado, los representantes de corregimiento pidieron a la Contraloría investigar lo que llaman una retención ilegal de fondos destinados a las juntas comunales del distrito. En la nota CM/2026-395, fechada el 30 de septiembre de 2026, denuncian que las autoridades locales reciben solo el 50% de las transferencias necesarias para su funcionamiento operativo y administrativo. Consideran que la reducción se hizo sin base legal y sin el visto bueno de la cámara edilicia.

La solicitud pide determinar el fundamento legal de la retención, revisar si el procedimiento cumple las normas de hacienda municipal vigentes y restablecer el 100% de los recursos asignados para el presente ejercicio fiscal.

Hasta el cierre de esta edición, BULLA no había recibido respuesta de la alcaldesa Peñalba.