Carrera Administrativa pide datos de jubilados y pensionados en medio de debate sobre retiro voluntario

La Dirección General de Carrera Administrativa pidió a las instituciones del Estado que entreguen, antes del viernes 30 de octubre, información sobre su personal jubilado o pensionado. El requerimiento consta en una circular fechada el 16 de octubre y ha despertado inquietud entre representantes de los servidores públicos, en un momento en que el Legislativo analiza propuestas de retiro voluntario.

Cheyla Valdés, de esa dirección, explicó que la medida busca mantener actualizada la base de datos de los servidores públicos y tener información que permita medir, a futuro, el impacto financiero de posibles medidas de retiro. Según la funcionaria, la solicitud se hace de forma periódica y no pretende generar ansiedad entre los trabajadores del sector público.

La Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) expresó preocupación por el alcance del requerimiento y por la falta de claridad sobre su finalidad. Desde la organización señalaron que no está claro cuál es la intención detrás de la petición y que temen que se busque eliminar puestos de trabajo que ocupan estos funcionarios.

El pedido llega mientras la Asamblea Nacional tiene en primer debate dos proyectos de ley vinculados al retiro voluntario de servidores públicos. De acuerdo con la información planteada, el sector que podría verse involucrado ronda los 60 mil trabajadores.

Una de las iniciativas, impulsada por el diputado Javier Sucre, propone reconocer a quien se acoja al retiro voluntario una compensación equivalente a un mes de salario por cada año laborado en la institución, con un límite de 12 meses. Sucre sostiene que el mecanismo busca un beneficio que el Estado pueda asumir financieramente y que guarde relación con el tiempo de servicio.

La segunda propuesta, presentada por el diputado Augusto Palacios, plantea una bonificación extraordinaria según los años de servicio. El esquema contempla cuatro meses de salario para quienes tengan 10 años laborados y hasta 10 meses para quienes acumulen 25 años o más.

Ambas iniciativas se encuentran en una etapa temprana del trámite legislativo y todavía deben pasar por más discusiones antes de avanzar en el proceso de aprobación.