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POLÍTICA

Comisión de Comercio inicia primer debate para reformar la ley de electricidad

La propuesta del Ejecutivo busca reforzar los derechos de los usuarios y dar a la ASEP nuevas herramientas de fiscalización sobre las concesionarias.

Mesa de Política, 8:38 p.m. · 2 min de lectura
Comisión de Comercio inicia primer debate para reformar la ley de electricidad

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional inició este martes el primer debate para modificar la Ley 6 de 1997, que regula los servicios públicos de electricidad. La sesión arrancó con un reclamo por una resolución que restringía el tiempo de participación en el debate, un punto que varios diputados cuestionaron de inmediato.

La norma propuesta fijaba 30 minutos para los diputados miembros de la comisión, 15 minutos para los demás diputados y apenas 10 minutos para representantes de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones y entidades del Estado. Además, excluía de la discusión el proyecto presentado por la bancada Vamos.

El diputado panameñista José Luis Varela calificó la limitación como una aberración. Por su parte, la diputada Yamireliz Chong sostuvo que la resolución era ilegal y contraria al reglamento interno, y señaló que en la comisión también reposaba otro anteproyecto, el número 181, presentado por la bancada independiente Vamos.

Tras los reclamos, la comisión aprobó con 7 votos a favor y una abstención prohijar el anteproyecto de la bancada Vamos. Después de un receso, se retomó el primer debate del proyecto del Ejecutivo.

El texto del Gobierno plantea plazos definidos para responder los reclamos de los clientes, mayor transparencia en la información que reciben los usuarios y el reconocimiento de créditos cuando las empresas incumplan las normas de calidad. También propone nuevas herramientas para que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) fiscalice a las concesionarias, y amplía las facultades de cobro coactivo en procesos administrativos destinados a indemnizar al consumidor final.

Según la propuesta, el Ejecutivo busca fortalecer tanto los derechos de los usuarios como las obligaciones de las empresas distribuidoras, que a partir de ahora tendrán un contrato de concesión de 15 años.

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