Concejo de Arraiján pide auditoría por casi $1 millón del Metro

El Consejo Municipal de Arraiján pidió a la Contraloría General una auditoría para determinar qué pasó con casi $1 millón que el Metro de Panamá entregó al Municipio. Los recursos estaban destinados a obras vinculadas a la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena, pero hasta ahora no hay una explicación clara sobre su uso.

La presidenta del Consejo, Yohana Saldaña, sostiene que la alcaldesa Stefany Peñalba no ha dado cuentas sobre lo ocurrido con el dinero. Por eso, el gobierno local solicitó al contralor Anel Flores que revise si los fondos se usaron para los fines previstos.

Del total, poco más de $900 mil tenían un destino específico. Unos $211 mil eran para comprar un terreno y levantar la sede de la junta comunal. También se contemplaban recursos para un anfiteatro, un gazebo y una infoplaza. Según Saldaña, el Municipio recibió esos fondos hace más de un año, pero la representante del corregimiento, Raquel Murillo, todavía no tiene el dinero para desarrollar las obras. Saldaña señala que la compra del terreno y la construcción debieron avanzar desde entonces, y añade que la administración municipal no ha aclarado qué pasó con esos recursos.

El caso se suma a otros $585 mil que, de acuerdo con Saldaña, fueron depositados por Más Móvil para financiar cámaras de videovigilancia en distintos puntos del distrito. La presidenta del Consejo afirma que la administración de Peñalba tampoco ha rendido cuentas sobre ese monto. Ambos montos corresponden a la administración anterior, pero según Saldaña, los compromisos quedaron bajo responsabilidad de la gestión actual.

Además, los representantes de corregimiento pidieron a la Contraloría investigar una supuesta retención ilegal de fondos destinados a las juntas comunales del distrito. En la queja, identificada como Nota CM/2026-395 y fechada el 30 de septiembre de 2026, indican que las autoridades locales reciben solo el 50% de las transferencias presupuestarias necesarias para su funcionamiento. Según los representantes, esa reducción se aplicó sin sustento legal ni aprobación de la cámara edilicia.

La solicitud pide determinar el fundamento legal de la retención, evaluar si el procedimiento cumple con las normas de hacienda municipal vigentes y adoptar los ajustes necesarios para restablecer de inmediato el 100% de los recursos asignados para el presente ejercicio fiscal.

El Consejo espera que la auditoría permita esclarecer el manejo de ambos montos. BULLA intentó obtener la versión de la alcaldesa Peñalba, pero al cierre de esta edición no había respuesta.