Activistas llevan ante la CIDH denuncias de espionaje, inteligencia militarizada y desalojos

Organizaciones de derechos humanos llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesiona en Panamá esta semana, una lista de denuncias contra el Gobierno. Magaly Castillo, del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), y Osvaldo Jordán, ambos integrantes de la Red de Derechos Humanos de Panamá, intervinieron ante los comisionados este viernes 30 de octubre.

Castillo recordó que la CIDH ya conoce lo ocurrido en junio de 2025 en Bocas del Toro, cuando el Gobierno suspendió las garantías constitucionales y cortó el servicio de internet en medio de protestas contra la Ley 462, que reformó la Ley 51 de 2005, orgánica de la Caja de Seguro Social. En esas manifestaciones participaron sindicatos bananeros, educadores y obreros de la construcción.

Según la activista, en 2026 se sumaron cuatro hechos que, a su juicio, ponen en riesgo el espacio cívico. El primero es la creación, mediante resoluciones ministeriales, de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia y del Comando Conjunto. Castillo cuestionó que esas normas incluyan conceptos ambiguos como la lucha contra el "terrorismo híbrido" y que se alineen con objetivos regionales contra los carteles y con la defensa del Canal frente a "actores extranjeros".

El segundo hecho es la denuncia de espionaje contra organizaciones sindicales, sociales y ambientales. La Policía Nacional reconoció que usó agentes encubiertos en actividades de esos grupos, y en un comunicado aseguró que sus actuaciones se hacen con estricto apego al marco legal y con respeto a los derechos. El tercero es el uso de la justicia comunitaria de paz para intimidar a quienes protestan. El cuarto es la intención de volver a convertir el Parque Nacional Coiba en centro penitenciario. En junio pasado, las autoridades trasladaron al primer grupo de reos a la isla, y el presidente José Raúl Mulino afirmó que quienes están allí tienen relación directa con el narcotráfico.

Castillo también citó la intervención de Mulino en la 56 Asamblea General de la OEA, donde calificó las protestas de 2025 como obra de una "mafia política de izquierda financiada por el narcotráfico". La activista pidió a la CIDH seguir los reportes del Observatorio del Espacio Cívico y criticó que Panamá no haya ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Jordán centró su intervención en megaproyectos y ambiente. Afirmó que el crecimiento económico, uno de los más altos de la región, no ha mejorado la calidad de vida y ha profundizado la desigualdad, sobre todo entre campesinos, indígenas y afrodescendientes. Mencionó la interconexión eléctrica con Colombia y la cuarta línea de transmisión hacia Costa Rica, proyectos que, según él, impiden que las comunidades indígenas decidan libre e informadamente. También señaló la minería a cielo abierto y el complejo energético y logístico del Canal.

Sobre el embalse de río Indio, Jordán aseguró que las familias que serían reubicadas no han dado su consentimiento y que no existe estudio de impacto ambiental ni plan de reasentamiento. La Autoridad del Canal, por su parte, ha dicho que el proyecto contempla reasentamiento, construcción de viviendas y medidas de mitigación ambiental. Jordán denunció además que el Estado responde a la organización ciudadana con seguimiento, perfilamiento y amenazas, y que eso ha animado represalias de actores privados. Citó una demanda por $5 millones contra la Asociación de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, y acciones contra el CIAM y Adopta Bosque por oponerse a Puerto Barú.

Ambos expositores pidieron a la CIDH una visita de trabajo que incluya las áreas indígenas de Bocas del Toro, donde según Jordán continúan los desalojos forzosos, y la cuenca del río Indio.