A veinte años del sí de 2006, qué dejó la ampliación del Canal

El 22 de octubre de 2006, la mayoría de los panameños que votaron aprobó la ampliación del Canal. Dos décadas después, el aniversario sirve para revisar qué enseñó ese proceso sobre la forma en que el país toma decisiones y ejecuta obras de gran tamaño.

La necesidad era concreta. Las esclusas originales limitaban el tamaño de los barcos que podían cruzar la vía, mientras el comercio marítimo avanzaba hacia embarcaciones más grandes. El proyecto se estimó en 5,250 millones de dólares e incluyó los complejos de esclusas de Agua Clara y Cocolí, además de mejoras en los cauces de navegación.

La primera lección, según el análisis, es que las decisiones de gran alcance requieren información y legitimidad. El referéndum de 2006 fue el tercero desde la restauración democrática de 1989. Dos consultas anteriores habían terminado con rechazo: en 1992 la ciudadanía no respaldó un paquete de reformas constitucionales que incluía eliminar el ejército, y en 1998 tampoco avaló la reelección presidencial inmediata. Ese historial demuestra que votar no equivale a recibir un respaldo automático, por lo que el debate debe explicar costos, beneficios, riesgos y alternativas, y escuchar a quienes tienen dudas.

La segunda lección es que una política de Estado debe sobrevivir a los gobiernos que la impulsan. La propuesta fue presentada por Martín Torrijos, pero la inauguración del Canal ampliado, el 26 de junio de 2016, correspondió al presidente Juan Carlos Varela. Entre ambos momentos pasaron distintas administraciones y años de trabajo técnico, lo que exige instituciones capaces de sostener proyectos de largo plazo y controles en cada etapa.

Según datos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), las esclusas ampliadas acumulaban más de 31,000 tránsitos hasta mayo de 2026 y generan más de la mitad de los ingresos totales de la vía. La ACP usa estas cifras como medida del éxito del proyecto, aunque el mismo análisis recuerda que los resultados no eliminan la obligación de rendir cuentas.

La tercera lección es que la infraestructura depende de agua y de confianza social. Esclusas más grandes no garantizan por sí solas el recurso que necesitan la navegación y el abastecimiento de la población. Ahí entra el proyecto Río Indio, que la ACP presenta como una respuesta a las necesidades hídricas del país y del Canal. Esa obra implica reasentamientos y la recuperación de los medios de vida de las familias que deberán trasladarse, por lo que la dimensión humana debe ocupar un lugar central.

Las comunidades afectadas necesitan información comprensible, participación real y compromisos verificables en vivienda, ingresos y servicios. Para el análisis, la importancia nacional de una obra no reduce los derechos de quienes enfrentan sus mayores cambios. Veinte años después, la lección que deja el sí de 2006 es que el país debe planificar su futuro con el mismo rigor que aplicó a la ampliación, sin separar la prosperidad del Canal del bienestar de su gente.