Cornell, del origen del término acoso sexual al caso que hoy la sacude
Una denuncia de los años setenta ayudó a nombrar el acoso sexual en el trabajo. Ahora, un caso de agresión entre estudiantes pone a prueba la respuesta de la universidad.
La Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, ocupa un lugar central en la historia del concepto de acoso sexual. A mediados de la década de 1970, un grupo de mujeres buscó una palabra que describiera insinuaciones, tocamientos y presiones en el trabajo, conductas que hasta entonces se vivían de forma aislada.
Una de ellas fue Carmita Dickerson, empleada administrativa del departamento de Física. Según el relato que recoge la escritora Susan Brownmiller en su libro In Our Time, de 1999, Dickerson sufrió conductas sexuales no deseadas por parte del físico Boyce McDaniel. Cuando pidió cambiar de departamento y su solicitud no prosperó, terminó renunciando. Después tuvo dificultades para acceder a beneficios de desempleo, porque le costaba explicar por qué había dejado el puesto.
Lin Farley, que impartía un curso sobre mujeres y trabajo, fue una pieza clave. Las discusiones de ese seminario animaron a otras mujeres a contar experiencias parecidas. Un grupo de ocho, incluida Dickerson, preparaba un acto público y evaluó varios términos, como intimidación sexual, coerción sexual y explotación sexual en el trabajo. Ninguno parecía lo bastante amplio, hasta que surgió la expresión en inglés «sexual harassment», traducida al español como acoso sexual.
Cornell no era el único espacio donde se hablaba de estas situaciones. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Mary P. Rowe trabajaba desde 1973 como mediadora de conflictos y había documentado formas de sexismo y acoso. Lo que faltaba era un movimiento público alrededor de una palabra que las identificara. El 4 de mayo de 1975, un acto organizado por Farley, Susan Meyer y Karen Sevigne reunió a cientos de participantes y llevó el tema a otros espacios. Ese proceso también dio paso a Working Women United, creada en 1975.
Casi cinco décadas después, Cornell vuelve a aparecer en un caso de violencia sexual. En octubre de 2024, una estudiante identificada en documentos judiciales como Jane Doe denunció una agresión ocurrida en la casa de la fraternidad Chi Phi. Los señalados niegan las acusaciones, que no han sido establecidas penalmente. La estudiante reportó el hecho a la policía universitaria el 8 de noviembre de 2024. La universidad abrió una investigación bajo el Título IX, confirmó expulsiones y suspensiones, y el capítulo de Chi Phi permanece cerrado. Posteriormente se presentó una demanda civil que acusa a siete estudiantes de haber drogado y agredido sexualmente a la joven.
El cuestionamiento también apunta a la respuesta institucional. En octubre, Cornell modificó una publicación de su sitio web sobre la información entregada a la Fiscalía del condado de Tompkins. Primero indicó que había compartido «toda la información investigativa», pero después precisó que solo envió la declaración jurada de la denunciante y una captura de pantalla de Snapchat. Además, horas antes de la fiesta, la policía había realizado un arresto por drogas en la misma casa.
La controversia llevó al fiscal del condado a reabrir la investigación penal, y la gobernadora Kathy Hochul designó a la fiscal general Letitia James como fiscal especial. El presidente de la universidad, Michael Kotlikoff, reconoció la necesidad de revisar la actuación institucional y aceptó una revisión independiente. El lunes 5 de octubre, cientos de estudiantes marcharon por el campus para exigir justicia para Jane Doe.
