Un año de aprehensiones por corrupción en juntas comunales, Aduanas y Contraloría

La lista de aprehendidos del último año se amplió el 6 de octubre con el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS). El recuento reúne casos de gobiernos locales, de la aduana y de un funcionario de control, todos con investigaciones por el manejo de fondos o pagos públicos.

En la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito, la fiscalía ha realizado tres rondas de arrestos desde diciembre de 2025. Según sus investigaciones, se emitieron cheques de $1,000 y $2,000 por servicios que no pudieron sustentarse, algunos con menos de quince días de diferencia entre uno y otro. La Contraloría calcula el perjuicio en más de $8 millones, mientras que la Autoridad Nacional de Descentralización acumula 294 denuncias por más de $213 millones.

En Colón, la Junta Comunal de Barrio Norte recibió entre junio de 2021 y mayo de 2023 unos $14.1 millones de la llamada "descentralización paralela", la mayor asignación del país. En abril de este año, la fiscalía aprehendió al representante, que estaba en el cargo desde 2019, y a su tesorero por unos $6 millones gastados sin documentación que los respalde. Desde entonces, la Procuraduría no se ha pronunciado sobre quién dirige el corregimiento.

En Aduanas, tres funcionarios fueron aprehendidos en junio de este año por exigir a un empresario pagos indebidos por unos $42 mil, según la fiscalía, a cambio de agilizar una inspección. El caso ilustra cómo la demora en una revisión de carga puede convertirse en un cobro, ya que el importador depende de la fecha en que su mercancía debe salir.

También figura la exsecretaria general de la Contraloría, quien cobraba $6,800 al mes. De acuerdo con la fiscalía, no ha justificado $771 mil de su patrimonio. En Capira, los mayores desembolsos de la junta comunal coincidieron con las elecciones internas de un partido político. Por otra parte, el Gobierno contrató de forma directa la limpieza de ocho hospitales por $15.3 millones.

Las cifras citadas provienen de la fiscalía, la Contraloría y la Autoridad Nacional de Descentralización, según cada caso. Los procesos mencionados siguen su curso y la discusión sobre el tamaño del Estado y los mecanismos de control continúa.