Washington usa las visas para presionar a gobiernos latinoamericanos
La revocación de permisos de entrada a Estados Unidos se ha vuelto una herramienta de presión política en México, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.
En Estados Unidos, la visa dejó de ser solo un trámite migratorio y se ha convertido en un instrumento para presionar decisiones judiciales y exigir cooperación en materia de seguridad. Según el análisis, esta práctica no es nueva, aunque con Donald Trump resulta más visible, pues la ha utilizado para alinear a países del hemisferio. Los gobiernos de Bill Clinton, George W. Bush y Joe Biden también recurrieron a restricciones, que en aquellos casos se justificaron por presuntos vínculos con la corrupción, el crimen organizado o los llamados "actores antidemocráticos".
El caso más llamativo es el de México. Washington revocó el visado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la medida y acusó a Estados Unidos de injerencia. Por su parte, el hijo del exmandatario envió una carta en la que pidió la destitución del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario, Christopher Landau.
En Brasil, el gobierno de Trump retiró visas a miembros del Tribunal Supremo Federal, con el objetivo, según la fuente, de evitar el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro. Como no logró su propósito, Trump impuso aranceles del 50% a buena parte de los productos brasileños. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovecha el episodio para presentar su campaña como una defensa de la soberanía nacional, en una contienda donde busca vencer a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.
En Chile, la presión de Washington se vinculó al proyecto Chile-China Express, un cable submarino de fibra óptica entre Chile y Hong Kong. El gobierno chileno revocó la concesión inicial y el proyecto quedó suspendido. Después, Estados Unidos retiró las visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario Claudio Araya y al jefe de gabinete Guillermo Petersen.
En Colombia, el Departamento de Estado revocó el visado al expresidente Gustavo Petro tras una protesta propalestina en Nueva York, donde había pedido a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes de Trump. Varios de sus ministros renunciaron voluntariamente a sus visas. En marzo de 2026, Washington reactivó el visado de Petro hasta el fin de su mandato. En Costa Rica, la Casa Blanca retiró las visas al expresidente Óscar Arias, al exlegislador Rodrigo Arias y a varios diputados de oposición al gobierno de Rodrigo Chaves, aliado clave de Estados Unidos.
El Departamento de Estado sostiene que estas decisiones responden a criterios legales, de seguridad nacional y de cumplimiento migratorio, y niega que sean castigos por opiniones políticas. Sin embargo, el argumento de la seguridad nacional es amplio, ya que permite a Washington definir qué considera una amenaza. Las justificaciones van desde la supuesta colusión con el crimen organizado hasta el intento de frenar la influencia china o la radicalización de grupos de extrema izquierda, incluidos los propalestinos. Por eso, los visados se perciben cada vez más como un mecanismo de castigo y recompensa.