Tribunal mantiene arresto domiciliario para exdirector de la CSS Enrique Lau

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó el arresto domiciliario impuesto al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, quien enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La audiencia de apelación se realizó este viernes 30 de octubre, a las 8:30 a.m. Los magistrados Donaji Arosemena, David Palacios y Mayulis Sandoval consideraron que el Ministerio Público no logró justificar por qué Lau debía cumplir la medida en un centro penitenciario, en lugar de su residencia.

El tribunal tomó en cuenta la edad del imputado, que cumplió 75 años el pasado 30 de agosto, y su estado de salud, pues presenta múltiples dolencias. Según los magistrados, esa condición lo coloca en una situación de vulnerabilidad.

Lau está bajo detención domiciliaria y con impedimento de salida del país desde el 7 de octubre, el mismo día en que se le imputaron los cargos. Los magistrados concluyeron que la jueza de garantías valoró de forma correcta los riesgos procesales y aplicó una medida proporcional. También advirtieron al imputado y a su defensa que el arresto es de estricto cumplimiento y que cualquier violación puede ser revisada.

La Fiscalía Anticorrupción fue la que apeló la decisión. En la audiencia, el fiscal Eduardo Rodríguez cuestionó que la presunta conducta ilícita se haya dado mientras la ciudadanía enfrentaba los efectos de la pandemia de Covid-19. Además, informó que el apartamento donde reside el imputado está cautelado por su despacho como parte de la investigación.

Lau asistió a la audiencia con su abogada, Kathia Quiel. Las últimas informaciones lo ubicaban hospitalizado en el pabellón de cardiología de la Ciudad de la Salud desde el 15 de octubre. La jueza de garantías le permitió salir de su domicilio únicamente para citas médicas.

La fiscalía mantiene bajo análisis varios bienes, entre ellos un apartamento en el PH Empire Residences, en Santa María, valorado en $562,000, por el que ha abonado $433,000. También figuran otro apartamento en Playa Blanca, adquirido por $236,500 y sin hipoteca, un cuadro de $50,000 y dos vehículos valorados en $20,000. Según el caso, la posible lesión patrimonial al Estado sería de medio millón de dólares.