Terremoto del 9 de octubre sacude Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos
Las réplicas mantienen en incertidumbre a la población afectada, mientras crecen las críticas a declaraciones del presidente Mulino y se discuten partidas del Estado.
El terremoto del viernes 9 de octubre fue el de mayor magnitud que sufre Panamá desde 1991, según reportes recientes. Aunque el movimiento principal duró apenas unos instantes, sus efectos fueron más severos en el interior del país, sobre todo en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.
Los sismos se originan en el movimiento y reacomodo de las placas tectónicas del subsuelo, un fenómeno que la ciencia explica con precisión. En Panamá, este tipo de eventos de gran magnitud no es frecuente, a diferencia de otros países de la región.
Las constantes réplicas han generado miedo e incertidumbre, sobre todo entre las familias que perdieron sus viviendas, cultivos y enseres. La situación mantiene a esa población en un estado de preocupación constante, mientras avanzan las labores de atención.
La respuesta ciudadana se ha expresado a través de donaciones dirigidas a los damnificados. Por su parte, el Gobierno nacional informó sobre su organización para atender con prontitud las zonas afectadas por el movimiento telúrico.
Las primeras declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, generaron rechazo entre algunos afectados y ciudadanos. Según lo reportado, el mandatario empleó expresiones como «bochinche» y «noticias malintencionadas» para referirse a críticas e informaciones sobre la emergencia, lo que fue interpretado como un intento de minimizar la magnitud de la tragedia.
En paralelo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, pidió el cumplimiento estricto de protocolos y la debida sustentación de las solicitudes de partidas para los damnificados. El mismo ministerio aprobó 98.7 millones de dólares para la Asamblea Nacional en 2026, destinados a salarios de 3,300 funcionarios permanentes y 1,800 eventuales. Asimismo, el rector de la Unachi, Navarro, continúa solicitando partidas adicionales para cubrir salarios de docentes y administrativos, mientras aún no se conocen los detalles de los correctivos sobre despidos y reducción salarial que plantea para la universidad, que enfrenta un caso de corrupción.
