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Terremoto deja al descubierto necesidades de comunidades en Azuero y Veraguas

Miles de familias perdieron viviendas y medios de vida, mientras crece el debate sobre la respuesta del Gobierno y el manejo de los fondos de emergencia.

Opinión BULLA, 12:00 a.m. · 1 min de lectura
Terremoto deja al descubierto necesidades de comunidades en Azuero y Veraguas

El terremoto y sus réplicas dejaron a miles de panameños sin hogar o sin sustento, y muchos no saben dónde dormirán ni qué comerán en los próximos días. Las familias afectadas, en su mayoría dedicadas a pequeñas granjas agrícolas o pecuarias, al comercio o al trabajo informal, ya enfrentaban carencias antes del sismo y se preparaban para los efectos de El Niño.

Los daños en carreteras y puentes dejaron incomunicadas a varias comunidades. La península de Azuero, una de las regiones más golpeadas, lleva un año y medio sin agua potable. A esto se suman daños en hospitales y escuelas de Azuero y de la provincia de Veraguas, así como el alto precio del diésel, que afecta a los productores del interior.

El Gobierno declaró una emergencia por 100 millones de dólares, que se suma a los 80 millones de dólares decretados por el fenómeno de El Niño. Según la nota, han surgido cuestionamientos sobre el manejo político de la ayuda, incluso desde sectores cercanos al mandatario. El texto señala que la estructura estatal, muy centralizada, puede retrasar la respuesta en las zonas afectadas.

Gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos también pusieron en marcha iniciativas de apoyo en sus comunidades. Las redes sociales han servido para visibilizar necesidades en zonas apartadas, aunque el presidente criticó a quienes las usan y las calificó de forma despectiva.

En paralelo, instituciones científicas como el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el Instituto Gorgas y el Instituto de Meteorología e Hidrología enfrentan limitaciones por recortes presupuestarios. Para el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, lo peor no ha pasado, una afirmación que coloca a las autoridades ante el reto de atender las comunidades afectadas, fortalecer los gobiernos locales y rendir cuentas sobre cada dólar gastado en la emergencia.

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