TE pide a diputados priorizar el interés general en reformas electorales

El Tribunal Electoral pidió este jueves a los diputados de la Asamblea Nacional que la discusión de las reformas al Código Electoral se guíe por lo que más le conviene al país. Para el organismo, los intereses generales deben pesar más que los intereses de grupos o personas en particular.

El mensaje llega en un momento decisivo para el proyecto de ley 699, que ya superó el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y espera ser llevado al pleno para el segundo debate. La iniciativa busca fijar las reglas que regirán las elecciones generales de 2029.

Según el Tribunal Electoral, el documento original que llegó a la Asamblea incluía avances para fortalecer la participación, la transparencia y la equidad en los comicios. Sin embargo, el organismo considera que varios cambios introducidos por los diputados durante el primer debate representan retrocesos frente a esos objetivos.

Entre los puntos cuestionados está el aumento de los límites a las donaciones privadas para candidatos a diputados y alcaldes, un asunto sensible porque se relaciona con el control del financiamiento de las campañas. El proyecto del tribunal proponía medidas para vigilar mejor el dinero privado y conocer con más precisión el origen de los fondos que reciben los candidatos. Además, el organismo objetó una modificación que permitiría a autoridades electas mantener dos cargos al mismo tiempo, y otra que ampliaría los plazos para que funcionarios con aspiraciones electorales permanezcan en sus puestos antes de separarse para competir. El TE dejó claro que no respaldará disposiciones que considere un retroceso para la democracia, la equidad y la transparencia electoral.

Por ahora, el proyecto ya salió de la comisión, pero al mediodía de este 1 de octubre todavía no había sido incluido en la agenda del pleno. La discusión fue postergada y los magistrados electorales fueron citados a la Asamblea la próxima semana. La propuesta original fue presentada por los magistrados Narciso Arellano Moreno, Luis Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake, y es producto de cerca de un año de trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.