Comisión recomienda negociar nuevo acuerdo con Cobre Panamá por la mina

Una comisión interministerial recomendó al presidente José Raúl Mulino abrir negociaciones formales con Cobre Panamá para evaluar un nuevo acuerdo sobre la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón. El informe fue entregado el miércoles, después de tres meses de análisis, y lo firman los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Según el documento, el Ejecutivo debería autorizar esas conversaciones para estudiar si es viable cerrar los arbitrajes internacionales que siguen pendientes y fijar las condiciones para una eventual puesta en marcha. Esa ruta sería un paso previo a un cese ordenado de las operaciones. Moltó aclaró que el informe no autoriza nuevas contrataciones ni decide el futuro de la industria minera en el país, sino que ofrece al mandatario un panorama de la situación basado en datos verificables.

Los funcionarios sostienen que cualquier medida debe respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales. También plantean que debe garantizar la estabilidad financiera del país y priorizar a las comunidades cercanas al proyecto. Chapman indicó que, desde el cierre de la mina en 2023, Panamá ha dejado de exportar $6.8 millones y de recibir $1.3 millones diarios para el fisco. Por eso considera urgente terminar con la incertidumbre que rodea el tema. Navarro, por su parte, lamentó que la administración actual deba cargar con un problema que no originó, y aseguró que el Gobierno lo enfrentará de forma ordenada y responsable. La comisión además propuso que, en la negociación, se cree un mecanismo que destine recursos a un plan del Ministerio de Ambiente para proteger el entorno natural.

El presidente Mulino afirmó que se tomará el tiempo necesario para revisar el informe, porque no quiere repetir los errores de gobiernos anteriores. Por su parte, Cobre Panamá emitió un comunicado en el que expresó su disposición a trabajar con el Gobierno para garantizar salvaguardas ambientales, supervisión efectiva y monitoreo transparente de la operación. La empresa dijo que espera que las autoridades definan los próximos pasos para encontrar una solución viable a largo plazo.

El presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, respaldó las recomendaciones. Afirmó que un acuerdo permitiría retirar los arbitrajes, que actualmente están suspendidos, y asegurar un manejo adecuado del ambiente y de los ingresos para las comunidades vecinas. Sousa señaló que, con base en los resultados de una auditoría, la empresa está suficientemente calificada para continuar con la operación, aunque todavía no se conoce el modelo de negocio que establecerá el Estado con la minera.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá considera viable establecer relaciones formales, no vinculantes, con la compañía, siempre que la decisión no afecte las finanzas públicas. Su presidente, Aurelio Barría Pino, calificó de muy favorable que el Gobierno dé prioridad a las comunidades aledañas y a los pequeños empresarios, y que acate el fallo de la Corte Suprema, lo que deja abierta la posibilidad de una nueva relación con la empresa.