Sistema Penitenciario descarta daños estructurales en cárceles tras el terremoto
Solo la cárcel de Las Tablas registró afectaciones leves, según el director general, Chanan Singh. Las visitas a los privados de libertad se mantienen con normalidad.
El Sistema Penitenciario informó que los centros penitenciarios del país no presentan daños estructurales significativos tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre. Según el director general, Chanan Singh, las visitas a los privados de libertad continúan sin cambios y las operaciones se mantienen con normalidad.
La única instalación donde se identificaron afectaciones fue la cárcel de Las Tablas, en la provincia de Los Santos. Una inspección hecha por ingenieros del Ministerio de Gobierno y del Cuerpo de Ingenieros del Comando Sur concluyó que el centro no sufrió daños estructurales. Singh describió el daño como leve y explicó que, tras la revisión, no se encontraron problemas de estructura.
Como medida preventiva ante las réplicas, las autoridades establecieron un protocolo que consiste en trasladar temporalmente a los privados de libertad al patio cada vez que ocurre un movimiento sísmico fuerte. De acuerdo con Singh, los internos permanecen allí unos 15 minutos antes de regresar a sus pabellones.
El director detalló que también se realizaron inspecciones en los centros de La Joya, La Joyita, La Nueva Joya y Nueva Esperanza, en Colón, así como en las cárceles de Chiriquí, Veraguas, Chitré y Penonomé. En ninguna de estas instalaciones se reportaron daños graves. En cuanto a los privados de libertad que cumplen detención en la isla de Coiba, Singh indicó que se encuentran bien y que la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), donde permanecen, no registró afectaciones por el sismo.
Las cifras de población penitenciaria también forman parte del informe. Hasta agosto de 2026, el país tenía 24,772 personas privadas de libertad. De ese total, 15,414, equivalentes al 62%, tenían condena en firme, mientras que 8,582, es decir el 34%, permanecían bajo proceso judicial. Con estos datos, las autoridades buscan dar un panorama de la situación en los centros tras el movimiento sísmico, que sirvió como base para establecer los protocolos de seguridad vigentes.
