ATTT evalúa exigir licencia a usuarios de scooters y motos eléctricas

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre prepara modificaciones al Reglamento de Tránsito para fijar nuevas reglas sobre el uso de scooters y motos eléctricas. El motivo es el crecimiento de estos medios de movilidad en las calles y aceras del país.

Uno de los cambios en evaluación es exigir licencia de conducir a quienes manejan vehículos eléctricos. Así lo explicó el director de la entidad, Nicolás Brea. La propuesta sigue en discusión dentro de una mesa de trabajo que revisa la normativa, por lo que todavía no ha sido aprobada y no existe una fecha definida para aplicarla.

Brea sostuvo que quien use la vía pública debe conocer las normas generales de circulación, sin importar si el vehículo funciona con combustible o con electricidad. Además, indicó que estos aparatos siguen siendo vehículos, aunque se desplacen a velocidades menores. Aun así, no adelantó cuándo se concretarían los cambios, aunque dijo que la mesa espera llegar a una determinación próximamente.

Por su parte, el especialista en movilidad urbana sostenible Juventino Quiroz considera que, antes de exigir una licencia, deben resolverse las dudas sobre dónde y bajo qué condiciones pueden circular estos vehículos. Según explicó, la regulación debería tomar en cuenta factores como la velocidad y definir con claridad cuáles pueden usar las aceras y cuáles deben ir por la calle.

Quiroz señaló que uno de los retos será establecer criterios para determinar por dónde circula cada vehículo según sus características y velocidad. También planteó que la normativa debería empezar desde la compra del vehículo, con un registro que permita identificarlos y, posteriormente, mecanismos para obtener un seguro en los casos que circulen por las calles.

La discusión surge mientras el uso de vehículos eléctricos, scooters y motocicletas eléctricas gana presencia en Panamá como alternativa de transporte. Por ahora, la ATTT continúa trabajando en los ajustes al reglamento y no ha establecido una fecha para la entrada en vigor de nuevas disposiciones.