Quienes cuidan en la región ganan en promedio el 90% del salario mínimo
Con motivo del Día Internacional de los Cuidados, organismos regionales advierten sobre la precariedad de un trabajo indispensable y mayormente realizado por mujeres.
El 29 de octubre se conmemora el Día Internacional de los Cuidados, una fecha que sirve para revisar cuánto invierten los Estados, las empresas, las familias y las sociedades para que este trabajo se haga con derechos.
Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2025, sobre el cuidado de personas mayores en América Latina y el Caribe, quienes realizan este trabajo reciben en promedio ingresos equivalentes al 90% del salario mínimo. La población ocupada en general gana 1,9 veces esa cifra. Las cuidadoras remuneradas suelen trabajar a tiempo parcial y carecen, con frecuencia, de contratos, protección social y oportunidades de formación.
Una parte importante del cuidado ni siquiera se paga. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale aproximadamente al 21% del producto interno bruto de la región, y las mujeres generan cerca de tres cuartas partes de ese valor. Ese tiempo permite que otras personas estudien, trabajen y participen en la economía, pero quienes lo aportan enfrentan menos oportunidades laborales, menores ingresos y mayor exposición a la pobreza en la vejez.
En el empleo remunerado, la precariedad también sigue patrones de desigualdad. La fuerza de trabajo del sector está compuesta mayoritariamente por mujeres de mediana edad. Más de la mitad de las trabajadoras son afrodescendientes y alrededor de un 3% pertenece a pueblos indígenas. Las mujeres migrantes y de sectores de bajos ingresos también están sobrerrepresentadas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala, en su informe La sociedad del cuidado, que los hogares de menores ingresos dedican una proporción mucho mayor de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Según ese análisis, esta situación refuerza el ciclo de la pobreza.
Los organismos coinciden en la necesidad de reconocer, reducir y redistribuir los cuidados. Esto implica ampliar la oferta de servicios públicos, promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector.
La presión será mayor con el envejecimiento de la población, que hará crecer la demanda de cuidados de larga duración en las próximas décadas. Para cubrirla, advierten los análisis citados, hará falta una fuerza laboral estable, con salarios dignos, empleos formales y condiciones atractivas.
