Proponen ampliar lista de instituciones que compran sin la ley de contrataciones
Diputados buscan que ministerios y municipios puedan adquirir bienes y servicios sin seguir esa normativa, mientras se debate el presupuesto de 2027.
En pleno segundo debate del presupuesto general del Estado para 2027, un grupo de diputados presentó una propuesta que ampliaría el número de entidades autorizadas a comprar sin aplicar la ley de contrataciones públicas. El documento está firmado por Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM); Manuel Cohen, de Cambio Democrático; y Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), entre otros legisladores.
La iniciativa pide modificar el artículo 370 del proyecto de ley 644, que dicta el presupuesto general del Estado por $35,111.7 millones. Ese artículo ya excluye de la normativa a varias empresas de servicios públicos, como el Metro de Panamá y sus subsidiarias, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Con el cambio, se sumarían instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Gobierno y los municipios, siempre que atiendan asuntos de interés general vinculados a derechos poblacionales. La excepción alcanzaría la compra de servicios técnicos, repuestos y equipos cuando se presenten situaciones fortuitas y de urgencia, o circunstancias de interés público que requieran atención prioritaria.
La propuesta también fija un límite. Cada contratación debería ser por un monto menor a un millón de dólares, y ese monto no podría acumularse por proveedor o tipo de servicio, para evitar la fragmentación de los contratos. Además, cada entidad que quiera acogerse a la excepción tendría que publicar una lista de los servicios, repuestos y equipos que pretende adquirir por esa vía. Deberá también adoptar un reglamento especial de contratación, aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.
La diputada de Vamos, Janine Prado, cuestionó la propuesta. Afirmó que la modificación es muy grave porque abarca prácticamente a todo el gobierno, y pidió a sus colegas votar en contra. También expresó que podría existir un negocio irregular detrás de la iniciativa. La propuesta se discute en el marco del segundo debate del presupuesto, por lo que su suerte dependerá de la votación del pleno.
