Policía informa que Santiago Peña quedó detenido en su domicilio tras su destitución
La Fiscalía ordenó el arresto domiciliario del exmandatario en medio de la crisis por el cierre de Ueno bank, y la orden también alcanza a un exdirector del Banco Central.
La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña ya se encuentra oficialmente detenido en su residencia. La medida se produjo horas después de que el Senado lo destituyera en un juicio político y responde a una orden de la Fiscalía. Un oficial que habló con la prensa frente a la casa explicó que Peña fue notificado y que quedará arrestado en ese domicilio.
El auto de arresto dispone que Peña permanezca bajo detención domiciliaria hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción. La fiscal Silvia González, integrante del caso, confirmó que se verificó la presencia del exmandatario en el inmueble y que se lo puso a disposición de la justicia.
La misma orden incluye a Carlos Carvallo Spalding, quien hasta el martes anterior dirigía el Banco Central de Paraguay y renunció en medio del escándalo por el vaciamiento de Ueno bank.
Peña, economista que llegó al poder como una apuesta de renovación del Partido Colorado, gobernante del país desde hace casi ocho décadas, había intentado renunciar en medio de la crisis. Sin embargo, el Congreso continuó con el juicio político, lo destituyó y le retiró los fueros que corresponden a un expresidente.
Imágenes de la televisión local mostraron a unos veinte agentes resguardando la vivienda, mientras un grupo de manifestantes pedía que el exmandatario fuera recluido en prisión. Una mujer identificada como Andrea Salazar aseguró que se mantendrían en vigilia para evitar que Peña saliera de la casa.
La crisis se originó cuando el Banco Central ordenó un procedimiento de resolución de Ueno bank, entidad con 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Durante el mandato de Peña, la institución recibió millonarios recursos de entidades públicas. A ello se suma la preocupación de miles de ahorradores que denuncian no poder acceder a su dinero, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social, una de las principales cajas de pensiones del país.