Piden reforma integral a la Antai y a la ley de conflictos de intereses
Tras cuestionamientos en la Comisión de Presupuesto, se propone fortalecer las facultades de la entidad y las normas que regulan los conflictos de intereses en la función pública.
Varias autoridades han sido cuestionadas en las recientes sesiones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por presuntos conflictos de intereses. Entre los señalamientos figuran el nombramiento de familiares, amistades y personas de su entorno político, así como posibles vínculos con empresas propias o de allegados. Ante ello, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha alegado que no tiene competencia legal para investigar ciertas conductas o a determinados funcionarios, en especial a quienes gozan de fuero constitucional.
Desde una columna de opinión se plantea que la experiencia de los diputados en este tema se traduzca en una iniciativa legislativa concreta. La propuesta sostiene que denunciar posibles conflictos sin impulsar reformas que permitan investigarlos no tiene sentido, y propone una reforma integral que amplíe las funciones, competencias y herramientas de la Antai, además del marco jurídico sobre conflictos de intereses.
El texto distingue tres tipos de conflicto. El real ocurre cuando un interés particular influye en una decisión pública. El potencial existe cuando hay vínculos económicos o personales que podrían comprometer la imparcialidad, aunque aún no la hayan afectado. El aparente se configura cuando una persona razonable podría percibir que la independencia está en duda, aunque no haya influencia efectiva. También se mencionan conflictos económicos, familiares, profesionales, institucionales y políticos, así como situaciones en la academia, la justicia y la contratación pública.
Sobre el marco vigente, la columna recuerda que la Ley 33 de 25 de abril de 2013 creó la Antai, y que la Ley 316 de 18 de agosto de 2022 reguló los conflictos de intereses en la función pública, definió a los sujetos obligados, estableció las declaraciones juradas de intereses y designó a la Antai como autoridad competente. Según el planteamiento, ambas normas todavía pueden fortalecerse.
Entre las prioridades señaladas están reforzar la autonomía de la entidad, con un proceso de selección más participativo que incluya a la Asamblea, la academia y la sociedad civil. También se pide ampliar sus facultades de verificación y sanción, incluido el acceso a registros empresariales y el cruce de datos con otras instituciones, y reforzar el derecho de acceso a la información con plazos más estrictos. Asimismo, se plantea proteger a quienes denuncian irregularidades y mejorar la coordinación con la Contraloría, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas.
La propuesta concluye que una reforma de la Ley 33 de 2013 y, de manera prioritaria, de la Ley 316 de 2022 permitiría cumplir compromisos asumidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
