El TAFP reclama más presupuesto mientras el MEF le recorta 51%

El Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP), que comenzó a operar en 2024, pidió un presupuesto de $5.1 millones para el año fiscal 2027. De ese monto, $4.2 millones serían para pagar salarios, incluidos nuevos contratos, lo que elevaría su planilla a 130 funcionarios. Hoy cuenta con 58 permanentes, 29 transitorios y un contingente.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recortó el proyecto en 51 %, por lo que la institución quedaría con una asignación de $2.5 millones. Con ese monto, tendría menos recursos para nuevas contrataciones. Ante esta situación, el TAFP pidió una reconsideración, y su magistrada presidenta, Nelly González Hernández, solicitó a los diputados respaldar que el MEF apruebe la cifra original.

Según la magistrada, los fondos servirían para fortalecer el recurso humano de la Secretaría Judicial, con la contratación de más abogados que ayuden a reducir los tiempos de los procesos. También se necesitan recursos para la expansión de la institución, que contempla trasladar la sede principal, ubicada actualmente en Marbella, y abrir una oficina regional. Según cifras presentadas por la magistrada, desde que empezó a operar el tribunal ha atendido 2,172 casos de funcionarios y ha resuelto 869.

El TAFP ya había estado en la mira del Ejecutivo. El año pasado, el Ministerio de la Presidencia propuso su eliminación dentro del proyecto de ley 390, que busca modernizar la Ley de Carrera Administrativa. Su artículo 264 plantea suprimir la entidad en los 60 días calendario siguientes a la promulgación de la nueva norma, aunque la iniciativa no ha avanzado.

El diputado Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, recordó que el tribunal fue creado por la Ley 23 de 2017 y que nunca ha funcionado plenamente, porque falta que el Ejecutivo designe a un magistrado. Actualmente hay dos: Carlos Ayala Montero y Nelly González, cada uno con salario de $7,000. Zúñiga cuestionó que se solicite más presupuesto cuando, a su juicio, la institución no ha resuelto los conflictos entre entidades y servidores públicos para los que fue creada.

El legislador también señaló que el tribunal se ha convertido en un "cuartel de invierno" de partidos políticos y que ha sido usado para nombrar personal. Aun así, considera que la entidad debe existir, pero como un tribunal independiente y despolitizado.