Panamá tiene derechos en el papel, pero falta hacerlos efectivos

Panamá cuenta con Constitución, leyes, instituciones y una amplia adhesión a tratados de derechos humanos. Así lo recuerda el docente y abogado litigante que firma un artículo de opinión publicado por un medio local, quien sostiene que, aunque el ordenamiento jurídico reconoce libertades, garantías procesales y derechos sociales, miles de ciudadanos todavía tropiezan con obstáculos para ejercerlos en la práctica.

El autor recurre a la historia del constitucionalismo para explicar su planteamiento. Según el jurista argentino Martín Esteban Paolantonio, el modelo liberal nació para limitar el poder del Estado y proteger las libertades individuales frente a decisiones arbitrarias. Después, el constitucionalismo social amplió esa mirada al señalar que la libertad pierde sentido si una persona no tiene condiciones mínimas para vivir con dignidad.

Para el columnista, este debate no pertenece solo a los libros. Recuerda que en Panamá se ha defendido con razón el debido proceso, la propiedad privada y la seguridad jurídica, pero que los problemas más graves de amplios sectores no siempre vienen de abusos estatales. Muchas veces surgen de la ausencia del Estado, de su lentitud o de su incapacidad para resolver problemas estructurales.

En esa línea, cita al pensador argentino Carlos Santiago Nino, quien sostiene que los derechos pueden ser vulnerados tanto por acciones como por omisiones del Estado. El autor aplica esa idea al país y menciona áreas concretas: la desigualdad entre regiones, el acceso a servicios públicos esenciales, los retos de la educación pública, las brechas en la atención sanitaria y las dificultades para obtener una justicia pronta y efectiva. Según su criterio, estos temas van más allá de la coyuntura política y son asuntos de fondo constitucional.

El texto propone dejar de ver la Constitución solo como un conjunto de límites al poder y entenderla también como una guía para la acción estatal. A juicio del autor, Panamá necesita una cultura constitucional más práctica y menos declarativa, con mecanismos que evalúen si las reformas, leyes y programas cumplen lo que prometen. Entre las medidas que sugiere están fortalecer las instituciones encargadas de proteger derechos, modernizar los controles y la rendición de cuentas, combatir la burocracia ineficiente y promover políticas públicas sostenibles.

La conclusión del artículo es que el reto no está en escoger entre el modelo liberal y el social, sino en encontrar un equilibrio entre ambos. Para el autor, la libertad sin justicia social puede volverse un privilegio, y la justicia social sin respeto a las libertades puede derivar en arbitrariedad. El columnista advierte que una Constitución por sí sola no cambia la realidad, y que corresponde a instituciones, ciudadanos y gobernantes convertir esos principios en hechos concretos.