Panamá debe unificar sus normas de seguridad laboral en un lenguaje común

La arquitecta y profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá sostiene que la seguridad y la salud ocupacional, sobre todo en la construcción, no deben reducirse a buscar culpables tras un accidente. Según su planteamiento, toda organización, sin importar su tamaño, debe procurar preservar la vida de sus integrantes mediante políticas de prevención, y la responsabilidad debe ser compartida entre trabajadores, visitantes, profesionales y directivos.

En el marco jurídico, el texto parte de la Constitución Política, cuyo artículo 110 asigna al Estado la función de regular y vigilar las condiciones de salud y seguridad en los lugares de trabajo. Esa base se complementa con los artículos 282, 283 y 284 del Código de Trabajo, que fijan obligaciones del empleador para proteger la vida y la salud de los trabajadores y prevenir riesgos profesionales.

En la construcción, el Decreto Ejecutivo n.º 2 de 15 de febrero de 2008 desarrolla requisitos de seguridad, salud e higiene durante la planificación y ejecución de obras. La Caja de Seguro Social participa desde la prevención y la atención hasta la protección del trabajador tras un accidente, incluidas las incapacidades temporales o permanentes. A esto se suman la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, que aportan lineamientos para actividades de alto riesgo.

El problema, según la columna, es que la información está repartida entre distintas normas, instituciones y reglamentos, lo que dificulta su consulta. Como referencia, cita a México, que cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, dedicada a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de la construcción, una estructura que facilita a los involucrados entender qué deben cumplir.

Panamá también tiene antecedentes. Los días 5 y 6 de marzo de 2020 se realizó un foro sobre el tema, orientado a fortalecer la coordinación entre instituciones. Entre las propuestas figuraron un sistema de información interinstitucional para apoyar la elaboración de normas técnicas, el fortalecimiento de la inspección, la generación de estadísticas en salud ocupacional y la creación de un comité de coordinación entre entidades del Estado.

La autora propone avanzar hacia normas más fáciles de consultar, un lenguaje común y el uso de la tecnología para que la información sea sencilla, organizada y accesible para cualquier persona. También sugiere adoptar de manera gradual principios de la norma ISO 45001, en temas como liderazgo, participación, organización y el ciclo PHVA, que consiste en planificar, hacer, verificar y actuar.

Para la autora, la seguridad debe comenzar desde la planificación, la educación y la conciencia de cada participante en un proyecto, y no después de un accidente. Concluye que Panamá ya cuenta con normas, instituciones y experiencia, y que el reto está en integrarlas para que la prevención sea una cultura y no solo una obligación legal.