Panamá busca posicionarse como hub para proteger patrimonios familiares

Un texto de opinión plantea que Panamá puede aplicar a la gestión de patrimonios familiares la misma lógica que le dio ventaja con el Canal y el aeropuerto de Tocumen, que funcionan como puntos de conexión entre mercados y continentes. El autor sostiene que el país podría consolidarse como centro para organizar y proteger patrimonios.

Según ese planteamiento, la protección patrimonial no consiste en esconder bienes, evadir impuestos ni sustraer activos de obligaciones legítimas. Se trata de ordenar los activos para conservar su valor, separar riesgos, asegurar una administración adecuada y facilitar su traspaso entre generaciones, de modo que una enfermedad, una disputa familiar o una sucesión improvisada no destruyan lo construido durante años.

El análisis destaca instrumentos como sociedades, fundaciones de interés privado y fideicomisos. Combinados con servicios bancarios, fiduciarios, contables, tributarios y de inversión, pueden atender objetivos de sucesión, gobierno familiar, filantropía y continuidad empresarial. También menciona el régimen tributario territorial, que en términos generales grava las rentas producidas dentro del país, aunque advierte que cada estructura debe analizar la residencia fiscal de sus integrantes, la ubicación de los activos y los convenios aplicables.

Entre las demás ventajas señaladas están el uso del dólar, que reduce el riesgo cambiario para muchas familias latinoamericanas, un centro bancario de alcance regional, mercados de capitales y profesionales con experiencia en operaciones transfronterizas. A ello se suma la conectividad aérea, la oferta hotelera, los centros de reuniones y los servicios médicos, que permiten a clientes de Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe reunirse en pocas horas.

El texto advierte que el modelo debe responder a los estándares internacionales. Menciona la debida diligencia, la conservación de registros, la identificación de beneficiarios finales y el intercambio de información. Además, señala que la Ley de Sustancia Económica exigirá a las estructuras demostrar presencia, dirección, recursos y funciones acordes con lo que declaran realizar.

Para aprovechar la oportunidad, el autor propone una estrategia nacional que promueva servicios de family office, fortalezca la formación especializada, modernice los registros, garantice seguridad jurídica y facilite los trámites migratorios y operativos. También recomienda comunicar mejor la oferta, ya que otros centros compiten con reputación y talento. Concluye que el país debe ofrecer soluciones personalizadas en lugar de productos genéricos.