Panamá busca salir de la lista fiscal de la UE, pero enfrenta una revisión clave en 2027

Panamá da un nuevo paso para salir de la Lista de Jurisdicciones no Cooperantes en Materia Fiscal de la Unión Europea, conocida popularmente como lista de paraísos fiscales. Tras la aprobación de la Ley 526 de Sustancia Económica y su reglamentación, el país logra atender uno de los criterios que lo mantenían bajo observación, relacionado con la tributación justa y la exigencia de actividad económica real para entidades que reciben rentas pasivas de fuente extranjera.

Yasmín del Carmen González, jefa de Estrategia Fiscal Internacional de DEFFI del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó en un foro organizado por La Prensa que todavía faltan evaluaciones antes de que Panamá quede totalmente fuera de la lista. El punto pendiente es el intercambio de información a requerimiento, donde el país tiene calificación de "parcialmente cumplidor", mientras la Unión Europea exige "ampliamente cumplidor".

Para avanzar, Panamá pidió al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE una revisión a profundidad, solicitud que ya fue aceptada. La evaluación se realizaría en los primeros tres meses de 2027, aunque todavía no hay fecha definitiva. Si el país alcanza la calificación deseada, se completaría el cierre del proceso de salida.

La funcionaria identificó tres áreas que pesarán en la revisión: los registros contables, con un cumplimiento cercano al 80%; la información sobre beneficiarios finales; y la capacidad de las autoridades para acceder a los datos y responder a otras jurisdicciones. El estándar internacional fija un plazo de 90 días para atender solicitudes de información, y una mayor disponibilidad de registros ha mejorado la respuesta de la administración tributaria. Además, habrá monitoreo sobre la aplicación efectiva de la norma.

En el mismo encuentro, Jaime Carrizo, socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, y Juan Raúl Sosa Vallarino, socio de Fabrega Molino, explicaron qué deben considerar las empresas. La norma puede alcanzar a entidades constituidas o domiciliadas en Panamá que formen parte de grupos multinacionales y reciban rentas como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rendimientos por inmuebles o bienes muebles. Carrizo aclaró que su alcance va más allá de las sociedades holding.

Según Sosa Vallarino, las entidades alcanzadas deberán contar con recursos humanos e instalaciones adecuadas, demostrar que las decisiones estratégicas se toman en Panamá y mantener costos y gastos operativos ligados a su actividad. El reglamento toma como referencia al menos dos reuniones anuales vinculadas con decisiones estratégicas y asunción de riesgos. Las empresas también deberán conservar, por un mínimo de cinco años, los documentos que prueben su sustancia económica.

El régimen entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y la primera declaración jurada se presentará en 2028.