Panamá alista ampliar seguros contra terremotos y lluvias extremas

El Estado panameño mantiene tres pólizas contra riesgos catastróficos: dos por exceso de lluvias y una por terremotos. Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en ampliar esa protección. Según Francisco Álvarez, director de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado, ya se dieron instrucciones para avanzar, aprovechando el margen presupuestario disponible.

La ampliación puede hacerse de varias formas. Una opción es aumentar el beneficio máximo de las pólizas existentes. Otra es modificar los parámetros que activan los pagos, contratar nuevas coberturas para los mismos riesgos o incorporar otros instrumentos financieros frente a catástrofes. Álvarez indicó que el objetivo es que el país tenga recursos ya contratados, sin depender solo de cambios presupuestarios o de deuda después de una emergencia.

La decisión llega tras el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el 9 de octubre de 2026, que activó por primera vez la póliza paramétrica contra sismos contratada con el mecanismo regional CCRIF SPC. Esa póliza tiene una prima anual de $1.5 millones y una cobertura máxima de $43 millones. El desembolso activado fue de $17.4 millones, y el CCRIF prevé pagarlo dentro de los 14 días posteriores al evento.

El monto no depende de una evaluación de daños, sino de parámetros fijados en el contrato, como la intensidad, la profundidad y otras características del sismo. Por eso el pago fue parcial frente al máximo asegurado. Las pólizas de lluvias se contratan desde 2018, y las financiadas por el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) comenzaron su primera vigencia el 1 de junio de 2023. Una de las pólizas de lluvias la paga directamente el Gobierno Central, mientras que las otras dos se pagan con recursos del FAP. Todas forman parte del Marco Estratégico de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, establecido en 2014.

Víctor Mojica Caballero, secretario técnico del FAP, informó que entre 2023 y 2025 el fondo desembolsó unos $8.9 millones en primas. Para 2026 tiene un techo presupuestario de $9.43 millones, aunque esa cifra es el límite disponible y no un gasto ejecutado. Hasta septiembre, la provisión registrada era de unos $2.4 millones. El tope se calcula con una norma legal que fija el costo anual de las primas en no más de 0.3% de los activos del fondo, que crecieron de $1,628.3 millones a $3,198.7 millones entre 2024 y 2025, principalmente por bonos de la República incorporados de forma temporal.

Mojica señaló que los desembolsos de las coberturas suman unos $44.1 millones, incluidos $26.7 millones por las lluvias excepcionales de 2024 y los $17.4 millones del terremoto. Frente a un costo acumulado cercano a $11.3 millones, esos recursos equivalen a casi cuatro veces lo invertido. Según el funcionario, son recursos no reembolsables, que no generan intereses ni aumentan la deuda pública. El FAP informó el 12 de octubre que no fue necesario retirar fondos de sus ahorros para atender la emergencia.

Aún no hay una cifra aprobada para las primas de 2027. El presupuesto del próximo año se encuentra en revisión, y la Junta Directiva del FAP debe aprobarlo y remitirlo al MEF a más tardar el 31 de octubre. El monto dependerá de los activos estimados del fondo y del límite legal de 0.3%. Mientras tanto, Álvarez reiteró que el Gobierno quiere fortalecer los instrumentos de transferencia de riesgo y mejorar la respuesta financiera ante futuros desastres naturales.