Opositor cubano denuncia persecución en Panamá y pide al presidente protegerlo

Boris Mauricio Betancourt Hernández, opositor cubano y presidente de Camino a la Democracia de Cuba, escribió una carta abierta al mandatario panameño. En el texto agradece que el Gobierno haya negado la extradición que pedía La Habana y asegura que mantiene ese reconocimiento. Su mensaje central, sin embargo, es una denuncia: afirma que permaneció 27 meses detenido en Panamá y que, durante ese tiempo, sus derechos fueron vulnerados de varias formas.

Según el autor, muchos de esos hechos ocurrieron en 2024, antes de que el actual presidente asumiera el cargo, pero las instituciones involucradas siguen siendo las mismas y, a su juicio, nadie ha respondido por ellos. Betancourt sostiene que ahora observa el mismo método dirigido contra su organización para llegar a él.

El opositor relata que fue arrestado el 16 de febrero de 2024 por una notificación roja de Interpol solicitada por Cuba. Señala que el Registro Central de Sancionados de la isla certificó, el 14 de marzo de 2024, que no tiene antecedentes penales allí. También menciona una respuesta de Interpol La Habana fechada el 12 de febrero, en la que ya se hablaba de su aprehensión, cuatro días antes del arresto. Para él, eso demuestra que Cuba conocía la detención con antelación.

Betancourt acusa además a un agente de la Seguridad del Estado cubana de visitar a su familia, dos días antes de su arresto y una semana después, para pedirles que lo entregaran. Según su relato, ese mismo agente intenta ahora reclutar a un primo que cuida a sus abuelos y a una tía, y el autor responsabiliza al presidente Díaz-Canel por cualquier cosa que les ocurra.

Sobre el proceso legal, sostiene que la solicitud de detención enviada por Cuba en febrero de 2024 no cumplía los requisitos de la ley y que la Cancillería, en vez de rechazarla, le indicó cómo corregirla. Un oficio de marzo de ese año certificó que no existía ninguna solicitud en su contra. Pidió asilo el 30 de abril de 2024, el mismo día en que se formalizó la extradición, y el asilo le fue negado. Además, denuncia que un funcionario de la Cancillería tapó su cámara durante una audiencia, y presentó la queja ante el canciller en febrero de 2026.

Finalmente, describe su reclusión en La Nueva Joya, donde dice que fue ubicado en el Sector C, de máxima seguridad, en lugar del sector de extranjeros que le correspondía. Asegura que allí recibió amenazas contra su vida. El texto aparece como comunicado, por lo que sus afirmaciones son responsabilidad de su autor.