Delaciones en Operación Pandora salpican a alta gerencia de BAC

Las delaciones de los primeros procesados en la Operación Pandora llegaron a la banca. El caso se extendió hacia el sector bancario y apunta a nuevos actores en la comercialización de $40 millones en créditos fiscales fraudulentos dentro del sistema E-tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Tras una audiencia de garantías, la jueza Sandra Castillo decretó la detención provisional de Arnold Salgado Galeano, exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá. Se le imputan los delitos de delincuencia organizada, corrupción privada y delito financiero.

La vinculación de este ejecutivo se produjo a partir del testimonio de Carlos Ferguson, también imputado, señalado como intermediario de la red. Según su declaración ante la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, Salgado era la pieza interna que agilizaba los trámites y aprobaba los pagos para la compra masiva de créditos por parte del banco. Ferguson afirmó además que entregó a Salgado $50,000 en dos pagos de $25,000, realizados en estacionamientos del Santuario Nacional y del PH Greenwood, como muestra de agradecimiento.

La procesada Karen Pitty, representante legal de una sociedad intermediaria, confirmó en su interrogatorio que Ferguson y Adolfo Quintero reconocieron tener un contacto clave dentro de la entidad bancaria. El fiscal Emeldo Márquez sostuvo que la persona vinculada al banco, desde su posición, autorizaba los pagos por la compra de los créditos.

En la audiencia, el abogado defensor Ricardo Augusto Muñoz sostuvo que su representado no actuaba de forma aislada ni tenía facultad ejecutiva unilateral para concretar las transacciones. Según la defensa, la verificación y adquisición de los créditos correspondía a una estructura corporativa más amplia, que incluye a los oficiales de cumplimiento, el departamento legal y la gerencia, donde se firmaban los contratos. La defensa añadió que BAC aplicó sus controles sobre la información publicada oficialmente por la DGI, por lo que no había alertas sobre la ilegitimidad de los créditos.

Un informe del jefe de seguridad corporativa de BAC, entregado al Ministerio Público, indica que Salgado eliminó 36 correos electrónicos con Ferguson y con sociedades fachada que vendieron millones de dólares en créditos, entre ellas empresas que no estaban en el radar inicial de la fiscalía. La fiscalía también detectó transferencias de miles de dólares desde cuentas de Salgado hacia cuentas de su madre.

La jueza estimó que estas acciones, sumadas a los ingresos mensuales de Salgado, de $11,000, y a la gravedad del daño a la economía nacional, sustentan el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. La defensa presentó un recurso de apelación contra la detención provisional, cuya audiencia está programada para el 27 de octubre a las 2:00 p. m. ante el Tribunal de Apelaciones.