38 imputados de la operación Alpes aceptan acuerdos de pena antes del juicio
La audiencia intermedia, que inició el lunes 5 de octubre, es la última oportunidad para cerrar pactos. El caso involucra a una red que operaba en varias costas del país.
Un total de 38 de los 63 detenidos en la operación antidrogas Alpes logró acuerdos de pena que les permiten evitar el juicio. La red criminal que la fiscalía desmanteló se dedicaba al tráfico de drogas y operaba en las costas de Azuero, Coclé, Veraguas, Panamá Oeste y la ciudad de Panamá.
La audiencia intermedia comenzó el lunes 5 de octubre ante la juez de garantías Keríne Jaén y se extenderá por varios días. En esta etapa, las partes anuncian las pruebas que usarán en el juicio. También es el último momento para que los imputados interesados se acojan a un acuerdo de pena.
En la audiencia se conoció que Carlos Mosquera, señalado como uno de los cabecillas del grupo, pactó previamente una pena de 72 meses de cárcel por conspiración para el tráfico de drogas. Ese mismo lunes, la fiscal de drogas Nuria González y los abogados de los imputados Héctor Ballesteros y Luis Eduardo Castillo informaron a la juez que habían llegado a acuerdos. La magistrada los validó: la pena de Ballesteros es de 68 meses de prisión y la de Castillo, de 48 meses.
La fiscal anunció que presentará más de 150 pruebas documentales, testimoniales y periciales que respaldan la investigación. Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron $1.9 millones en efectivo, 45 mil euros (casi $50,500 al cambio actual), seis toneladas de droga, 22 vehículos valorados en $1.7 millones, varias armas de fuego y 400 municiones. También incautaron 16 fincas en distintos puntos del país y varios apartamentos en Panamá Oeste y la ciudad de Panamá. Algunas propiedades, como casas de playa, eran de ciudadanos colombianos que las usaban para reuniones.
La investigación comenzó en 2022, con el decomiso de 800 kilos de cocaína en Azuero. Según las diligencias, la droga llegaba por mar hasta el área de Punta Mala. En una de las casas allanadas en Panamá Oeste había un búnker para ocultar el cargamento que luego se enviaba a Europa, escondido en contenedores en puertos del Pacífico panameño. En el caso también fueron aprehendidas una funcionaria del Tribunal Electoral, un agente del Servicio Nacional de Fronteras y otro del Servicio Nacional Aeronaval.
