Ocho exfuncionarios de Belisario Porras pasan a detención provisional por peculado
El Tribunal Superior de Apelaciones modificó el depósito domiciliario y ordenó su ingreso a prisión por un presunto perjuicio de $8 millones al Estado.
El Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional de ocho exfuncionarios de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito. El grupo cumplía depósito domiciliario, pero el tribunal cambió esa medida cautelar durante una audiencia celebrada este jueves 15 de octubre.
La decisión fue tomada por mayoría de los magistrados, que consideraron que la juez de garantías que dictó el depósito domiciliario no valoró el daño que las acciones atribuidas a los imputados causaron a los residentes del corregimiento y a las finanzas del Estado. Los magistrados señalaron que la corrupción en el manejo de fondos destinados a proyectos sociales no puede tolerarse, porque limita la capacidad del gobierno para atender a los sectores más vulnerables.
Los ocho fueron imputados el pasado 24 de septiembre por presunto peculado. Según la investigación, la junta comunal realizó desembolsos a 14 grupos familiares sin que existiera una justificación para esos pagos. Los fondos provenían de la Autoridad Nacional de Descentralización, según un informe de auditoría. Hasta ahora, la fiscalía calcula la lesión patrimonial en $8 millones.
La fiscal anticorrupción Johana Osorio explicó que el caso surgió de una denuncia de la propia Autoridad Nacional de Descentralización. De acuerdo con la fiscal, los pagos se hicieron mediante cheques, y algunos beneficiarios recibían dos o tres cheques por quincena sin prestar ningún servicio a cambio. La fiscalía también identificó pagos por $1 millón a familiares en el periodo investigado hasta el momento, y determinó que los imputados recibieron entre $100,000 y $150,000.
Osorio sostuvo que las pruebas revelan una estructura diseñada para sacar dinero de los programas de descentralización, simulando proyectos de interés social que nunca se ejecutaron. Los pagos se justificaban como servicios supuestamente prestados a la junta comunal, pero hasta la fecha no aparecen documentos que los respalden. En la junta también se encontraron listas de asistencia cuyas firmas tenían la misma letra.
En este expediente aparecen imputados la exrepresentante Karen Barrios y el extesorero de la junta comunal, Valentín Rodríguez. La fiscalía ya formuló cargos contra un total de 15 personas y tiene previstas nuevas audiencias para presentar cargos a otro grupo. La audiencia de este jueves comenzó a las 8:30 a.m., pero la sala tuvo que ser desalojada de inmediato por un sismo de magnitud 4.9 registrado un minuto después.