Nueva York asigna a Letitia James el caso de presunta violación en Cornell

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para investigar las denuncias de una presunta violación grupal ocurrida en 2024 en una fraternidad de la Universidad Cornell. James ha sido una de las principales adversarias judiciales del presidente Donald Trump desde que asumió el cargo en el estado.

El nombramiento llega después de que Hochul apartara del caso al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten. La gobernadora explicó que información nueva había generado serias dudas sobre la pesquisa de la Policía de Cornell y sobre la decisión inicial de no presentar cargos. Van Houten decidió esta semana reabrir la investigación.

Con la designación, James podrá investigar el caso, presentar cargos si corresponde y llevar las pruebas ante un gran jurado. Su historial con Trump también forma parte del contexto. En 2022 demandó al entonces expresidente y a su empresa por fraude financiero, y un juez de Nueva York le impuso una sanción de unos 454 millones de dólares. Trump recurrió esa sentencia y la ha calificado de políticamente motivada.

El caso se volvió aún más polémico después de que CBS News y ABC News accedieran a la transcripción de las entrevistas que la estudiante sostuvo con la Policía de Cornell en noviembre de 2024. Entonces la joven tenía 20 años. En esas declaraciones afirmó haber sido golpeada y violada, aunque reconoció no recordar partes de la noche por el consumo de alcohol y drogas. También relató que sintió coacción, que rechazó verbalmente los avances de los hombres y que se sentía incapaz de tomar decisiones por su estado de embriaguez.

Van Houten dijo a CBS que nunca había visto esa transcripción, porque no le fue entregada. Añadió que, si esa información se omitió de la investigación inicial, debe ser examinada por completo por una persona ajena a la universidad.

La universidad había realizado una investigación interna de varios meses, que terminó con la expulsión de dos estudiantes, sanciones para otros y el cierre de la fraternidad Chi Phi en el campus. Aun así, la denunciante presentó el pasado 18 de septiembre una demanda civil contra Cornell y siete presuntos agresores. Sostiene que la institución no actuó de forma adecuada y que tuvo que abandonar sus estudios sin recuperar el dinero de la matrícula.

Hochul informó además que Cornell realizará una revisión independiente de su manejo del caso. Según la gobernadora, el presidente de la universidad aceptó contratar a un abogado externo para llevarla a cabo.