Naciones Unidas activó su equipo de emergencia, pero Panamá no ha pedido ayuda formal
Miles de personas en la región central siguen sin agua potable, aisladas o sin viviendas tras la sacudida del 9 de octubre. Organismos de la ONU con sede en el país ya tienen capacidad de respuesta.
La sacudida del 9 de octubre dejó a miles de personas en la región central en una situación crítica. Según estimaciones preliminares de Naciones Unidas, unas 38,000 personas necesitan asistencia humanitaria urgente, entre ellas 8,300 niños y adolescentes. Mientras tanto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que lo peor ya pasó, una valoración que choca con la realidad que describen comunidades y organizaciones en la zona.
El balance de daños es amplio. Se contabilizan más de 820 viviendas destruidas o con afectaciones graves, 419 escuelas dañadas y 29 instalaciones de salud golpeadas. En Los Santos y Herrera, seis comunidades permanecen incomunicadas. En el distrito de Tonosí, la falta de agua potable, de energía eléctrica y de accesos terrestres complica la vida diaria de los habitantes, y la atención médica y la educación presencial están afectadas.
La ONU confirmó que activó su equipo de emergencia desde el 10 de octubre. Sin embargo, aclaró que Panamá no ha formalizado una solicitud de asistencia internacional. Esa petición oficial es el paso que permite convertir la disposición de cooperación técnica en un operativo internacional coordinado, con responsabilidades asignadas, prioridades definidas y metas públicas que puedan verificarse.
El país tiene una particularidad en este tema. Panamá alberga el Centro Regional de las Naciones Unidas y el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. Desde aquí se canalizan despliegues iniciales a través de organismos como Acnur, Unicef, la OPS, el Programa Mundial de Alimentos y el PNUD. Voces que siguen el caso señalan que esa capacidad logística podría aprovecharse con más fuerza si se formaliza la solicitud.
La propuesta que circula plantea instalar una mesa operativa nacional para la emergencia. Su primera tarea sería distribuir agua potable, alimentos y medicamentos, dar refugio a los afectados y abrir caminos. En una segunda fase, el plan contempla reconstruir escuelas, centros de salud, carreteras y acueductos rurales, además de apoyar con créditos y capital de trabajo a pequeños negocios, artesanos y productores agropecuarios de la región.
Por ahora, la prioridad para las autoridades y las agencias internacionales sigue siendo atender a la población afectada. La decisión de formalizar la petición de ayuda queda en manos del Gobierno.
