Municipios afectados por el terremoto podrían usar todo el IBI en funcionamiento

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional analiza una propuesta que permitiría a los municipios afectados por el terremoto del 9 de octubre destinar el 100% de los recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a gastos de funcionamiento y mitigación de desastres. La medida aplicaría a la vigencia fiscal 2027 e incluiría los saldos no comprometidos.

Según la información disponible, la iniciativa alcanza a los municipios de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, además de cualquier otra zona que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) certifique como afectada. Los fondos del IBI son administrados a través de la Autoridad Nacional de Descentralización.

Para avanzar, la comisión trabaja en unificar los proyectos de ley 759, 760 y 761, que reforman aspectos de la Ley 37 de 2009 sobre descentralización de la administración pública. El presidente de la comisión, Alaín Cedeño, explicó que el objetivo es que recursos destinados a inversión puedan usarse para cubrir gastos operativos y necesidades que surgen de la emergencia.

Cedeño indicó que los municipios afectados tienen dificultades para pagar planillas y atender la ayuda humanitaria, debido a que sus ingresos se han reducido tras el sismo. Señaló que se maneja una cifra aproximada de 20 millones de dólares. Añadió que, al haberse presentado tres anteproyectos con objetivos muy similares, decidieron unificarlos en una sola propuesta.

Sobre los controles, Cedeño afirmó que la propuesta se coordinó con la Contraloría General de la República, que deberán mantenerse sus mecanismos de vigilancia o establecerse un manual para el uso de los fondos. También insistió en que el manejo de los recursos debe tener rendición de cuentas y transparencia.

La diputada Patsy Lee, integrante de la comisión, explicó que la medida busca dar capacidad de respuesta a municipios cuyas recaudaciones se han visto afectadas. Entre los gastos que mencionó están el pago de salarios, las cuotas de la seguridad social y el combustible para llevar donaciones a las comunidades más golpeadas.

Las iniciativas siguen en trámite en la comisión. La autorización propuesta para usar estos recursos durante 2027 todavía no es una disposición aprobada.